La productora agropecuaria de Elorza en el Alto Apure, Marisol Tapia, lleva más de 20 días sin ser vista por sus familiares y abogados y actualmente se encuentra desaparecida, luego de que fuera secuestrada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según la denuncia hecha por el defensor de los derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.
Recordó Márquez que la “detención” ocurrió el pasado 21 de abril en el fundo “Agua Linda”, ubicado en los alrededores de la población de Elorza, municipio Rómulo Gallegos de El Alto Apure, del cual es copropietaria; el mismo lugar donde había sido detenida el 12 de julio del año pasado, luego de los enfrentamientos que protagonizaron efectivos militares venezolanos y una célula de irregulares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en la ciudad de la Victoria frente el Arauca colombiano, acusada de los delitos de rebelión, espionaje, traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional, cargos de los cuales fue declarada inocente con libertad plena y sobreseimiento de la causa por el Tribunal Tercero de Control de San Fernando de Apure en virtud de que no se encontró ningún argumento ni fundamento en los escritos del Ministerio Público y el Tribunal Militar de San Juan de Los morros que la había procesado inicialmente, instancia judicial que declinó su competencia después de las reformas judiciales de septiembre de 2021.
Debemos recordar –dijo Márquez- que Marisol Tapias fue detenida por segunda vez por un grupo comando dirigido por Juan García, apodado “El Gavilan” el mismo funcionario que la detuvo en 2021, pese a haber sido juzgada y declarada inocente por su presunta vinculaciones con grupos subversivos colombianos. “Ella fue declarada en libertad plena y sobreseída su causa el pasado 16 de noviembre de 2021 y al ser detenida nuevamente el 21 de abril de este año por terrorismo fue presentada ante el tribunal tercero de control de San Fernando de Apure, el mismo juzgado que el año pasado la había declarado inocente”.
Tras su liberación en noviembre del año pasado la agricultora apureña permaneció en la ciudad de San Cristóbal donde acompañó a su mamá, de más de 90 años, en la capital del estado Táchira y luego retornó a sus actividades del campo en su finca cuando fue apresada nuevamente el 21 de abril.
Angustia familiar
Debemos resaltar –expresó- que de acuerdo a la información que hemos podido manejar, no existe ninguna prueba que comprometa a Marisol Tapia y a ninguno de los detenidos por terrorismo o cualquier otro delito, de allí que su causa fue sobreseída y fue liberada, sin embargo, pareciera que estamos en presencia de un interés particular por querer apropiarse de su fundo en Elorza y despojarla de un predio agrícola que le ha costado mucho esfuerzo tanto a ella que logró una carta agraria del estado venezolano, como a sus hermanos que son copropietarios de esta extensión de sabana del Alto Apure.
Quiero señalar –destacó Márquez- en mi condición de presidente de la Fundación El Amparo y director General del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) que desde su detención ni la familia de la productora ni sus abogados han tenido acceso a ella, lo cual les mantiene en una angustia constante por cuanto no saben cuál es su condición física, y ni siquiera el lugar donde la tienen privada de su libertad.
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— Como defensor de derechos humanos debo resaltar que estamos en presencia de una detención arbitraria, violación al debido proceso y al principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, por lo que estamos nuevamente frente a un caso de secuestro y desaparición forzada por parte de funcionarios del Estado ya que no ha habido ningún tipo de comunicación con la detenida Marisol Tapia, no hay realmente claridad sobre esta situación, solo existe una información de que el Tribunal Tercero de Control antiterrorista de Caracas la está solicitando, pero sus abogados no han podido tener acceso a información precisa, pese a que ya han transcurrido casi tres semanas desde su detención arbitraria.
Investigación internacional de detenciones ilegales
Ante lo que considera una grave situación, el defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, solicita que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, dirigida por Karim Khan,“se aboquen a investigar este caso que sin duda alguna demuestra que en Venezuela no hay estado de derecho y se cometen permanentemente crímenes de lesa humanidad”.
Explicó Márquez que junto al caso de Marisol Tapia fueron ordenadas su excarcelación y librada las boletas por parte del Tribunal Tercero de Control de de San Fernando de Apure, a cargo del Juez José Antonio Méndez Laprea, a favor de Bronco Bravo Silva, Héctor Rodríguez Rojas, José Gregorio Archila Zapata y José Miguel Quintero, quienes desde el 16 de noviembre del año pasado continúan presos en la cárcel de El Rodeo, en virtud de que “el director de esa institución carcelaria se niega a ponerlos en libertad alegando que necesita autorización de la ministro de Asuntos Penitenciarios, lo cual es un hecho que se convierte en un crimen de persecución y encarcelación grave, tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, porque después de que un tribunal de la República firma una boleta de excarcelación y declara a una persona inocente, debe ser liberada inmediatamente, de lo contrario se está violando el artículo 25 de la Constitución de la República que señala que nadie puede alegar órdenes superiores ante la inobservancia de la Constitución, por lo tanto en este caso tiene responsabilidad civil, penal y administrativa tanto el director de la cárcel de El Rodeo como la propia ministro de Asuntos Penitenciarios, y la responsabilidad jerárquica llega incluso al propio Presidente de la República Nicolás Maduro quien es el superior inmediato que debe ordenar la inmediata libertad de estos detenidos” señaló para concluir el historiador Walter Márquez.
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