Debido a la prolongada contracción de la economía, la hiperinflación, el default de la deuda externa, el riesgo país y las sanciones económicas, los activos empresariales venezolanos son castigados con una mayor tasa de descuento, en comparación con activos semejantes ubicados en otros países. Pero las sanciones que se extienden a terceros que tengan negocios con el gobierno venezolano, inhiben a inversionistas convencionales que no se quieren exponer a que congelen sus activos en territorio estadounidense por hacer negocios en Venezuela.
Aun así, hay inversionistas que tienen una alta tolerancia al riesgo, desafían las sanciones y se arriesgan a comprar activos empresariales que están subvaluados por la crisis política y económica, los cuales serán altamente rentabilizados una vez superada la crisis. Esto fondos de alto riesgo buscan oportunidades en los llamados Mercados Frontera -una subcategoría más riesgosa dentro de los Mercados Emergentes-, y suelen tener en su portafolio una porción de inversiones de alto riesgo. Entre estos se destacan los fondos buitre que están siempre atentos al remate de activos públicos. La venta de empresas privadas y la privatización de empresas públicas están en la mira de estos fondos especializados en convertir en oportunidades de negocio las crisis que azota a un país.
Con el argumento de evitar que los inversionistas privados que hagan negocios con el gobierno venezolano sean sancionados por el gobierno estadounidense, se aprobó la Ley Antibloqueo que permite la cesión a privados de la gestión de activos públicos en la más absoluta confidencialidad. La ley antibloqueo otorga poderes extraordinarios al gobierno para “estimular la inversión nacional y extranjera”, incluyendo la participación o compra de activos que se encuentren bajo administración del Estado. En el artículo 34 “se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”; en el Artículo 35 “se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”, y en el Artículo 36 “se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta Ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal”.
Al “desaplicar” el marco legal y regulatorio vigente se abre paso a la discrecionalidad del gobierno que queda facultado para dejar sin efecto cualquier norma que impida estas operaciones. De allí que la venta de empresas privadas, la privatización de empresas públicas y la ocupación de los espacios vacíos que dejan clientes y proveedores internacionales que ya no quieren hacer negocios con Venezuela están en la mira de estos fondos de alto riesgo, muchos de los cuales son originarios de países también sancionados que han desarrollado eficaces estrategias para burlar las sanciones y convertirlas en oportunidades para concretar riesgosos negocios de alto rendimiento.
Para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y transacciones secretas con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de Pdvsa. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el país necesita. La retirada de proveedores estadounidenses y europeos está dejando espacios vacíos que son ocupados por nuevos inversionistas y proveedores rusos, chinos, iraníes y turcos que están reconfigurando las cadenas de suministro y el mapa de integración de Venezuela en las cadenas de valor internacional. Por esta razón, las sanciones económicas están generando consecuencias geopolíticas que los sancionadores no calcularon.
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