Caracas, 13 nov (EFE).- La abogada venezolana María Alejandra Díaz, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sancionó con una prohibición para ejercer su profesión, dijo este miércoles que la medida es un «castigo» por haber asistido un recurso en el que varias organizaciones políticas pedían pruebas de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio.
«Nos castigan eliminando nuestro derecho al trabajo, pero, además, sin un debido proceso. Es nuestro modo de vida, nosotros no tenemos otro ingreso que no sea el ejercicio profesional», dijo la jurista en un acto de desagravio a su favor, organizado por movimientos disidentes del chavismo gobernante, entre ellos del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Remarcó que esta sanción es algo «inédito», que recae sobre ella luego de 35 años del ejercicio del derecho y tras dos años en los que tuvo un papel más crítico frente al Gobierno de Maduro, al que defendió hasta el quinquenio pasado.
«Creemos que es un pase de factura por nuestras posiciones políticas», insistió Díaz, que dice sentirse en un «limbo jurídico», pues -explica- la suspensión tiene duración «indefinida», al menos hasta que el TSJ aclare su decisión para saber si debe apelar ante el tribunal o acudir al Colegio de Abogados.
En este sentido, dijo que también pidió explicaciones al tribunal sobre la forma en la que deberá pagar la multa impuesta de 100 euros (105,64 dólares).
Díaz pidió al gremio de abogados pronunciarse sobre este caso, pues -advierte- se está poniendo en riesgo a todos los juristas que exijan «el cumplimiento de un derecho constitucional» si «el Gobierno siente que le está estorbando».
«El que está amenazado es el gremio de abogados. Eso es lo más grave de toda esta sentencia y por eso creemos que debemos actuar», sostuvo.
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La semana pasada, el TSJ rechazó el recurso asistido por Díaz y la multó y sancionó, «dados los graves señalamientos advertidos» en el amparo constitucional introducido, los cuales cuestionan e irrespetan la potestad que ostenta» el Supremo y que, además, «pretenden generar zozobra y conmoción en la población».
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