Prensa UNT Mérida.- Desasistidos, en materia de salud, se encuentran los habitantes de cinco municipios del Valle del Mocotíes en el estado Mérida ante el cierre, hace casi un mes, del quirófano del Hospital II San José de Tovar, por colapso de la infraestructura.
Así lo denunció el secretario municipal de Organización del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Tovar, Samir Castillo, quien hizo referencia a la importancia de mantener activo este servicio, considerando que la gran mayoría de los beneficiarios no poseen los recursos económicos para costearse una operación en clínicas privadas.
“Desde el pasado 5 de abril el quirófano del hospital de Tovar se encuentra fuera de servicio porque su infraestructura colapsó, ya en tres días se cumple un mes y aun no se avizora una solución; es urgente que se direccionen los recursos necesarios para recuperar esta infraestructura”, sentenció Castillo.
El dirigente unetista hizo referencia a la cantidad de personas que se benefician de este quirófano, ya que no solo los habitantes del municipio Tovar acuden al referido hospital, sino también los residentes de Rivas Dávila, Zea, Guaraque y Pinto Salinas, quienes ante esta situación deben trasladarse hasta Mérida o El Vigía para ser sometidos a alguna intervención quirúrgica de urgencia que requieran, lo cual incrementa los gastos que muchas veces estas personas no tienen la capacidad económica para costearlos.
“Hago un llamado al gobernador del estado Mérida y a Nicolás Maduro para que direccione los recursos necesarios que permitan reparar la infraestructura del quirófano del hospital y ponerlo de nuevo al servicio de los ciudadanos, pues ha sido la negligencia de los gobernantes la que está de manifiesto en la inoperatividad de esta importante área de salud”, sentenció.
Reiteró Castillo que las condiciones del sistema de salud, no solo en Mérida sino en el país, siguen siendo pésimas debido a las malas políticas que ha ejecutado el régimen, “es un servicio que se recibe a medias, porque la mayoría de los insumos que requieren para hospitalización y cirugía deben ser costeados por el paciente y sus familiares, a pesar de ser un derecho consagrado en la Constitución”.
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