Caracas, 7 ene (EFE).- La Venezuela que el 10 de enero comienza un nuevo sexenio presidencial arrastra problemas en economía, infraestructura, servicios públicos, salud, educación e instituciones, entre otros, que obstruyen el camino hacia una recuperación sostenida y que, por tanto, supondrán los principales desafíos para el período 2025-2031.
A continuación, algunos retos para los próximos seis años:
Economía
La inflación subió 3,2 puntos en octubre -última cifra oficial disponible-, para un acumulado hasta entonces del 16,6 %, y expertos aseguran que los precios crecieron a un mayor ritmo en los dos meses anteriores, como consecuencia del alza del dólar, lo que también golpea el valor del bolívar, la moneda nacional, y el poder de compra del salario mínimo, equivalente hoy a 2,4 dólares al mes.
Por otra parte, la producción petrolera del país con las mayores reservas probadas de crudo, si bien aumentó un 19,8 % -hasta los 960.000 barriles por día (bpd)- en noviembre pasado respecto al mismo mes de 2023, sigue lejos de los 2,89 millones de bpd que bombeaba a comienzos de siglo.
Migración
Unos 7,89 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), debido a la crisis económica que, hasta 2021, estuvo marcada por una recesión que se prolongó ocho años y una alta inflación que pasó a ser hiper en 2017.
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El chavismo, que rechaza esa cifra y la reduce a 2,5 millones -de los cuales, asegura que ya regresaron 1,2 millones-, ha llamado a los migrantes a volver a su país, mientras que la oposición, que responsabiliza al Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro de la diáspora, insiste en la necesidad de un cambio de Gobierno que genere oportunidades para ese retorno.
Servicios públicos
Venezuela sufre constantes y, en muchos casos, prolongadas fallas en los servicios de electricidad y agua potable, con consecuencias en la actividad económica y en la cotidianidad de la ciudadanía, que ha reportado pérdida de alimentos y daños de electrodomésticos.
Según el Observatorio de Conflictividad Social (OVCS), que documenta decenas de protestas por el mal funcionamiento de los servicios públicos, las personas también denuncian «interrupción o suspensión de consultas y tratamientos médicos», por cortes eléctricos. Mientras que los comerciantes se quejan de «pérdidas económicas».
En cuanto al suministro del agua, el OVCS advierte que «familias se ven forzadas a disponer parte del presupuesto familiar para contratar camiones cisterna».
Tanto el sector de la salud como de la educación sufren la falta de personal cualificado, bajos salarios y falta de materiales, lo que afecta a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos, según organizaciones no gubernamentales, así como asociaciones de educadores y de trabajadores sanitarios.
En cuanto a la infraestructura, también denuncian un deterioro, aunque las autoridades reportan mejoras en ambos sectores gracias a trabajos de las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles), creadas en 2022 para la rehabilitación de espacios.
Corrupción
Tanto el chavismo como la oposición consideran urgente acabar con la corrupción, para recuperar y mejorar la institucionalidad, aunque ambos bandos suelen acusarse de esta práctica, por la que han caído altos cargos chavistas, como los exministros de la hoy cartera de Hidrocarburos Pedro Tellechea y el también zar petrolero de Maduro, el exvicepresidente y exministro de Petróleo Tareck el Aissami, detenidos en pleno ejercicio del cargo.
La organización Transparencia Venezuela señala que la «gran corrupción instaurada» en el país este siglo «tiene como una de sus principales fuentes de financiamiento» a la empresa estatal petrolera Pdvsa y, según el ‘Corruptómetro’, elaborado por la organización a partir de causas e investigaciones de organismos oficiales dentro y fuera del país, se han comprometido, al menos, unos 69.849 millones de dólares.
