Desde el 5 de julio de 2019, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publica semanalmente su Boletín Andino de Derechos Humanos. En esta nota de prensa se reseñan los registros más destacados de 2024, con especial interés en los derechos humanos fundamentales y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Con 272 ediciones publicadas de forma ininterrumpida, el Boletín Andino de Derechos Humanos es el resultado de un trabajo de monitoreo diario que hace el equipo de comunicaciones del ODH-ULA en publicaciones de medios y periodistas locales, regionales y nacionales, así como de organismos oficiales, organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos.
En un contexto de emergencia humanitaria compleja, ausencia de Estado de derecho y disminución de medios informativos independientes en la región andina, el Boletín Andino de Derechos Humanos del ODH-ULA constituye un valioso registro sobre la situación de los derechos humanos en Mérida, Táchira y Trujillo, área de acción de esta dependencia universitaria.
Fallas en el servicio de agua en los tres estados andinos
La falta de acceso a servicios básicos de calidad fue una de las violaciones de derechos humanos más difundidas en las ediciones de 2024 de nuestro boletín. En prácticamente todos los 49 boletines publicados este año se incluyó al menos una denuncia pública sobre fallas en la prestación de los servicios eléctrico, de agua, gas, aseo urbano o vialidad.
A comienzos de enero, la empresa hidrológica del estado Táchira, Hidrosuroeste, informó que implementaría un plan de racionamiento del servicio, con ciclos de 24 horas continuas sin agua. La justificación dada fue la disminución de agua en las principales fuentes hídricas del estado, debido al inicio de la temporada de sequía. Sin embargo, la falta de mantenimiento e inversión en el sistema hidrológico son las causas de fondo, denunciadas desde hace más de una década por expertos en el área.
En Mérida y Trujillo también hubo restricciones de acceso al agua este año. En el boletín nro. 256, publicado la tercera semana de agosto, el ODH-ULA informó sobre las fallas de este servicio en el municipio Tovar del estado Mérida, que afectó directamente al principal centro de salud de esa entidad, el Hospital San José.
La segunda semana de diciembre, en nuestro último boletín del año, informamos sobre la falta de agua en el sector El Pocito de Betijoque, municipio Rangel del estado Trujillo. Debido a que sus habitantes no reciben este servicio en sus hogares, tienen que trasladarse a una toma de agua cercana para recogerla en envases, pero la vialidad que conduce a la misma está en pésimas condiciones, poniendo en grave riesgo a quienes la transitan.
Es pertinente recordar que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU números 64/292, del 28 de julio de 2010, y 18/1, del 28 de septiembre de 2011, reconocen que el derecho al agua potable y su saneamiento son esenciales para el acceso a todos los derechos humanos. Por ello, los Estados deben garantizar financiación suficiente para su correcto y continuo suministro.
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El servicio eléctrico empeora con cortes y fluctuaciones continuas
Las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) empeoran desde hace más de una década, afectando en mayor medida a los estados andinos del país. En el boletín nro. 232, publicado la primera semana de marzo, recordamos los cinco años del apagón nacional más prolongado del país que se haya registrado —ocurrido el 7 de marzo de 2019—, que dejó sin servicio eléctrico a Mérida, Táchira y Trujillo por hasta más de 120 horas continuas.
Antes y después de ese apagón, el servicio eléctrico falla constantemente en la región, afectando otros servicios básicos (como el suministro de agua potable en edificios) y poniendo en riesgo la vida de pacientes recluidos en hospitales y centros de salud que no cuentan con plantas eléctricas o cuyo funcionamiento se deteriora por los constantes cortes de luz y fluctuaciones de voltaje.
En el boletín nro. 229, publicado la segunda semana de febrero, se reseñó una denuncia sobre cómo los constantes cortes eléctricos que ocurren en el estado Trujillo ponen en riesgo la vida de más de 60 pacientes renales, por no poder hacerse sus diálisis.
En el estado Táchira, el medio de comunicación digital El Pitazo registró 327 apagones durante el primer trimestre de 2024, lo que se traduce en un promedio de 2,7 cortes de luz al día. En ese mismo período, sectores de esa entidad tampoco contaban con servicio de agua, por racionamientos que se extendían hasta por 12 días continuos.
Es oportuno recordar que la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 1986, a través de la resolución número 41/128, establece la obligación que tienen los Estados de promover el acceso a los servicios básicos.
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Vialidad, aseo urbano y gas: ninguno funcionó sin fallas durante 2024
El deterioro de la vialidad en los estados andinos es otra consecuencia de la falta de inversión y mantenimiento que corresponde al gobierno nacional —en el caso de las carreteras y autopistas— y a los gobiernos regionales y locales. Diariamente, medios y periodistas de la región andina informan sobre accidentes de tránsito que, en muchos casos, tienen entre sus causas el pésimo estado de la vialidad.
En el boletín nro. 226, publicado a finales de enero, se reseña la exigencia de productores agropecuarios al gobierno nacional, expresada durante la II Asamblea de la Federación de Ganaderos y Agricultores del Suroccidente de Venezuela (Fegasur), para ejecutar una solución oportuna y eficaz al deterioro vial que pone en riesgo el traslado de carnes y hortalizas para abastecer los mercados nacionales, afectando directamente el derecho humano a la alimentación y al trabajo.
Por su parte, las fallas en el servicio de aseo urbano afectan el derecho a la salud e higiene de las personas. A finales de febrero, en el boletín nro. 230, el ODH-ULA registró una denuncia ciudadana sobre la acumulación de basura en el Parque Trocha de Táriba, municipio Cárdenas del estado Táchira, debido a que las personas depositaban allí sus desechos sólidos ante la falta del servicio.
Una situación similar fue reportada en el estado Trujillo durante la primera quincena de marzo, cuando familiares y pacientes recluidos en el Hospital Rafael Rangel denunciaron la acumulación de basura en los alrededores del principal centro asistencial del municipio Boconó, poniendo en riesgo su salud y la de todos los habitantes de la zona.
En cuanto al servicio de gas, desde comienzos de año se registran fallas en su suministro en los tres estados andinos, que se agravaron en los últimos dos meses tras la explosión registrada el pasado 11 de noviembre en la planta Muscar del estado Monagas. A finales de enero reseñamos que 427 familias del municipio Córdoba del estado Táchira sumaban dos meses sin gas doméstico, pese a haber pagado por el servicio.
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Derecho a la salud: en terapia intensiva por falta de insumos y personal
«Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, toda persona tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, entendida esta como bienestar físico, mental y social, que le permita vivir dignamente», así define el derecho a la salud la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este derecho humano fundamental está contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El mal funcionamiento de los servicios básicos afecta directamente el derecho humano a la salud, así como la ausencia de un salario suficiente y una seguridad social. En la región andina el derecho a la salud es otro derecho humano constantemente vulnerado por el Estado, y sus evidencias han sido recogidas en distintas ediciones del Boletín Andino de Derechos Humanos del ODH-ULA.
En marzo, habitantes de Boconó, municipio Rangel del estado Trujillo, denunciaron la ausencia de médicos especialistas para atender emergencias en el Hospital Rafael Rangel. También reportaron deficiencias en el servicio de agua, falta de alumbrado eléctrico, insumos, equipos médicos y reactivos para el laboratorio.
En abril, el director del Hospital Central de San Cristóbal, Alexander Krinitzky, informó que existía un déficit de personal de enfermería de por lo menos 1.400 profesionales. En Mérida, por su parte, trabajadores del Hospital del Instituto Autónomo del Seguro Social (IVSS) denunciaron este mismo mes que cada vez que llueve se inunda la sala de espera para consultas médicas, sin que haya respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes.
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Derecho al trabajo: vulnerado por salarios indignos y ausencia de beneficios colectivos
Las protestas ciudadanas registradas durante 2024 en la región andina tuvieron como causa principal las múltiples y continuas violaciones de los derechos laborales. Durante el mes de mayo se intensificaron las manifestaciones, tras cumplirse dos años sin aumento salarial. Trabajadores de los sectores salud y educación fueron los más activos en los reclamos que tomaron las calles en los tres estados andinos.
En octubre, representantes de los gremios de trabajadores de la Universidad de Los Andes expusieron en un foro la crítica situación salarial y la ausencia de seguros médicos para los universitarios. Solo en el mes de noviembre, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 64 protestas vinculadas a la exigencia de derechos laborales, en todo el país.
El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental que está establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo 91 de la Constitución nacional. En 2013 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó a sus 185 Estados miembros a adoptar políticas sobre el salario mínimo para que sea un salario decente, por considerarlo un medio para reducir la pobreza laboral y ofrecer protección social a los trabajadores vulnerables.
Según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este 27 de diciembre, el salario mínimo mensual en el país, fijado en Bs. 130, equivale a 2,51 dólares americanos. Por su parte, el mayor sueldo base de un profesor universitario, establecido en Bs. 522,16 desde el 16 de marzo de 2022, equivale hoy a 10 dólares americanos.
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Derecho a la educación: reprobado en todo el país
El ODH-ULA, por su naturaleza, registra con mayor interés la situación de la educación universitaria en Venezuela. Desde el año 2008, las universidades autónomas del país registran un deterioro general progresivo causado principalmente por la falta de presupuesto, resultado de una política de Estado que procura el control de las instituciones educativas y la imposición de una ideología única en detrimento de la libertad y la calidad académicas.
Este 2024 el deterioro de las infraestructuras universitarias se agravó, aunado a la progresiva reducción de recursos humanos por la precariedad salarial y la crisis nacional. En el boletín nro. 264, publicado la tercera semana de octubre, se informó sobre el cierre técnico de la Biblioteca del Núcleo Táchira de la ULA, debido a filtraciones en techos y ventanales y a la falta de personal.
Una situación similar fue reportada en noviembre por trabajadores de la Biblioteca Integrada de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería de la ULA en Mérida. Si bien esta dependencia sigue funcionando, el deterioro de sus instalaciones ha causado daños irreparables a su acervo, que además no se actualiza desde hace varios años por la ausencia de presupuesto, como ocurre en todas las bibliotecas de las universidades autónomas.
La educación primaria y secundaria también empeoran en la región andina. A comienzos de año, el representante sindical del magisterio del estado Táchira, Evencio Zenón, denunció que más de 40 % de las instituciones educativas de la entidad no estaban en condiciones de funcionar por el avanzado deterioro de su infraestructura. En septiembre, la presidenta del Colegio de Licenciados del estado Táchira, Gladys Chacón, advirtió que 70 % de las escuelas y liceos no estaban aptos para iniciar el año escolar 2024-2025.
El derecho a la educación está establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es definido en la Observación general Nº 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas como «un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos». En Venezuela, su garantía es un deber del Estado que está consagrado en el artículo 102 de la Constitución nacional.
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Derechos políticos: los más vulnerados en el contexto de elecciones presidenciales
Durante todo el año, el ODH-ULA documentó violaciones de los derechos de participación política en la región andina. Desde enero y hasta el cierre de campaña previo a la elección presidencial del 28 de julio, esta dependencia registró 92 casos de persecución política en Táchira (64), Mérida (15) y Trujillo (13). Todos constituyeron acciones ejecutadas principalmente por funcionarios civiles, militares y policiales, así como por personas afectas al régimen de Nicolás Maduro. En algunos casos los agresores fueron personas no identificadas, armadas y/o encapuchadas.
Tras los comicios, el ODH-ULA registró al menos 45 universitarios detenidos por persecución política, en todo el país. En la región andina, específicamente, esta dependencia documentó la detención de 147 personas entre el 29 de julio y el 3 de agosto, una semana después de las elecciones.
La cifra real de presos políticos fue mucho mayor y nuevas detenciones continúan hasta ahora, pero la opacidad oficial, el impedimento del sistema judicial de permitir la defensa legal de los detenidos a defensores de derechos humanos y abogados privados, así como el miedo de familiares a denunciar el arresto de sus seres queridos, impide precisar todos los casos. Lo que sí pudo identificar este observatorio fue la aplicación de 12 patrones de represión que se repitieron en todas las detenciones.
Este resumen del trabajo de documentación sobre vulneraciones de derechos humanos en la región andina de Venezuela es una muestra de la importancia que tienen las dependencias universitarias, como este observatorio, y las organizaciones de la sociedad civil en el país. Por ello, el ODH-ULA exhorta al Estado venezolano a tomar en cuenta todos estos registros y actuar de forma eficaz y oportuna en la protección de todos los derechos humanos de la ciudadanía, así como en la debida reparación de todas las víctimas.
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Prensa ODH-ULA
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