Luzfrandy Contreras/DLA.- Desde el inicio de la pandemia, en la región fronteriza se ha observado un aumento de jóvenes provenientes del interior del país en las calles del Táchira, muchas de ellas según afirma Beatriz Mora, presidenta del Instituto Tachirense de La Mujer (INTAMUJER) con la motivación de transitar al vecino país para ejercer trabajos de prostitución.
«Ha seguido el trabajo mancomunado en cuanto a lo que veníamos denunciando desde el 2017 de que habían bandas que se estaban dedicando a la trata de niñas y adolescentes de nuestra Venezuela y que salían por la frontera tachirense (…), el fin de semana tuvimos dos rescates de Aragua, fueron entregadas a sus mamás, ellas manifestaron que no sabían nada, las niñas se escaparon, una de 15 y una de 13 años. Según informaron, ellas recibieron una llamada telefónica de una amiga y les dijo que estaba muy bien trabajando en Cúcuta, les envió dinero y ellas se vinieron a trabajar con ella. Fueron rescatadas en San Antonio del Táchira y ya fueron devueltas a sus lugares de origen», indicó Beatriz Mora.
Argumentó que este y otros casos de trata de personas están siendo investigados por la Fiscalía de la República. Para sorpresa del Instituto Tachirense de la Mujer, estas menores de edad llegan al estado sin ningún tipo de restricción a pesar de las alcabalas distribuidas en todo el territorio nacional.
«¿Cómo es posible que adolescentes lleguen desde el estado Aragua, desde el estado Zulia, desde el estado Cojedes, desde el estado Anzoátegui al estado Táchira, pasando por montones de alcabalas que sabemos que están allí, pero por qué no le piden papeles a adolescentes que vienen solas o vienen con personas no acompañadas por familiares?, yo le exijo a los organismos de seguridad, a la Guardia Nacional que cuidan las alcabalas, que estén pendiente de las niñas y no de las gandolas, pónganle ojo, porque se están llevando a nuestras niñas venezolanas», advirtió la presidente del Instituto Tachirense de la Mujer.
Según denuncia Beatriz Mora, estos hechos se vienen registrando desde el año 2017, y la responsabilidad recae en los efectivos de seguridad y principalmente en los padres y representantes que muchas veces no son partícipes de las decisiones de sus hijas.
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