El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que recibió «sendas misivas» con la renuncia de ambos funcionarios, que habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.
Indicó que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la Asamblea Nacional.
Rodríguez detalló que se elegirá a un «encargado» para ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento.
El exfiscal Zair Mundaray fue uno de los primeros en mencionar una posible salida del funcionario chavista del Ministerio Público. “Termina el ciclo de horror, extorsiones y crímenes de Tarek William Saab”, escribió el abogado en un post en X.
Luego, el periodista Alejandro Hernández, director del medio digital La Gran Aldea, afirmó que obtuvo la confirmación de la destitución de Saab. Indicó que en la Fiscalía General de la República «dan por hecho» que el sustituto será Larry Devoe, “persona cercana a los hermanos Rodríguez desde hace años”.
Hernánez recordó que en 2017, Devoe formó parte del equipo que Jorge Rodríguez llevó al frustrado proceso de diálogo en República Dominicana.
Tarek William Saab, represión y persecución
Tarek William Saab estuvo frente al Ministerio Público desde 2017, luego de la salida de Luisa Ortega Díaz.
Pero en este proceso de la aparente transición hacia la democracia y de “pacificación” de Venezuela y de “reconocimiento de errores” en la aplicación de la ley, como lo han dicho en el régimen, el control de Saab en la Fiscalía General de la República suponía para defensores de derechos humanos y líderes de la oposición democrática la continuidad de la estructura de represión y persecución de la cual sufrieron miles de venezolanos, muchos de ellos aún sin reparación ni justicia.
Estando al frente del Ministerio Público abrió investigaciones contra cientos de opositores, periodistas y activistas, con casos emblemáticos como los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González. Además, organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado detenciones arbitrarias, torturas y el uso del sistema penal como herramienta de represión, con al menos 18 muertes en custodia registradas durante su gestión.
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