El regreso a clases tiene este año un significado distinto para miles de familias venezolanas. Ya no se trata únicamente de comprar útiles, preparar uniformes, organizar horarios o retomar las rutinas interrumpidas por las vacaciones. Para muchos padres y representantes, el comienzo del nuevo año escolar está acompañado por una pregunta mucho más elemental: ¿es seguro volver a dejar a los hijos en la escuela?
El doblete sísmico del 24 de junio cambió la percepción de seguridad de numerosas familias. En cuestión de segundos, edificaciones que durante años habían sido consideradas lugares cotidianos y conocidos se convirtieron en una montaña de escombros, dejando más de 6.000 muertos, cientos de heridos y miles de damnificados.
La magnitud de la tragedia, considerada de las peores registradas en la historia de Venezuela, es justamente lo que ha despertado el temor de padres y representantes. No solamente dudan de la seguridad de las infraestructuras escolares, muchas de ellas afectadas por años de deterioro y falta de mantenimiento, sino también por la falta de protocolos adecuados ante emergencias o desastres naturales.
Verónica González, madre de un niño de tercer grado en Caracas, considera que el colegio en el que estudia su hijo tiene buena infraestructura y no sufrió daños durante los terremotos. Sin embargo, admite que la tragedia modificó su percepción.
“Es difícil decirlo porque todos creemos que estamos en un sitio seguro, pero fíjate lo que pasó en La Guaira que fue tan devastador”, señaló. A su juicio, una buena estructura puede no ser suficiente frente a una emergencia de gran magnitud.
Para la Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap, no basta con reparar un plantel o anunciar su rehabilitación. En un informe presentado el pasado 25 de agosto, las organizaciones insistieron en que antes de abrir las puertas de las instituciones escolares debe existir evidencia técnica de que son seguros y habitables.
“Presentamos este informe no para postergar el derecho a la educación, sino para exigir que el retorno a las aulas se haga garantizando de verdad el derecho a la vida y a la integridad de cada estudiante y docente. Iniciamos con una premisa inquebrantable: bajo ninguna circunstancia se puede educar arriesgando la vida de un niño”, afirmó Carla Serrano, integrante de la Redhnna y una de las investigadoras del Informe situacional sobre afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico del 24 de junio de 2026.
¿Las instituciones educativas son realmente seguras?
Al menos 27,3% de los planteles educativos ubicados en zonas afectadas de La Guaira, Caracas y Miranda reportaron daños graves, entre ellos grietas profundas en columnas, caída de techos o colapsos. Además, 33,3% señaló la existencia de áreas totalmente clausuradas, de acuerdo con datos difundidos por redes educativas como la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y Fe y Alegría, además de reportes periodísticos y de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA).
Gloriana Faría, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap e integrante del equipo que sistematizó el informe, también advirtió que 65,7% de los reportes identificó daños considerados leves en las instituciones, una clasificación que no significa necesariamente que una edificación sea segura.
“Una grieta en el friso o la caída de mampostería puede parecer leve a simple vista, pero sin una evaluación técnica independiente de ingenieros nadie puede certificar la estabilidad real del plantel”, destacó.
La advertencia coincide con una de las principales inquietudes de los padres consultados por El Nacional: conocer exactamente los resultados de las inspecciones.
Emilio Villaroel, padre de un estudiante de sexto grado en Guatire, explicó que el colegio informó a las familias que había pasado las inspecciones oficiales y que los daños se limitaban a mampostería. Sin embargo, los representantes no habían recibido los informes técnicos que sustentaran esa información.
Esa falta de información puede alimentar la incertidumbre.
El Ministerio de Educación anunció la rehabilitación de 1.500 colegios después de los terremotos, pero, según Cecodap y la Redhnna, no existe información técnica pública, desagregada y verificable que permita conocer cuáles de esos planteles están efectivamente habilitados para recibir estudiantes en el regreso a clases.
“Sin certificación documentada de seguridad, habitabilidad y funcionamiento de los servicios básicos no se puede promover un regreso a las aulas”, señaló Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, durante la presentación del informe.
Sin embargo, Trapani aclaró que no plantea suspender indefinidamente el año escolar.
“No se trata de oponerse al reinicio escolar. Se trata de exigir que el retorno sea seguro, verificable y diferenciado, porque no todas las escuelas ni todas las comunidades están en la misma situación”, recalcó.
Esa diferenciación resulta clave en las zonas directamente afectadas por los terremotos.
Mientras un plantel puede haber sufrido daños superficiales, otro puede tener áreas clausuradas o problemas estructurales que requieran una intervención mucho mayor. Incluso dentro de una misma escuela, determinadas zonas pueden permanecer inutilizables.
Fausto Romeo, director general de Consenso Educativo y coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio, estimó que alrededor de 14 planteles públicos, privados y subsidiados entre Caracas y La Guaira quedaron completamente destruidos, mientras otros sufrieron daños de mampostería sin afectación de columnas o vigas.
Para Romeo, esos colegios requerirán más tiempo para su recuperación, mientras que los planteles que solo necesitan reparación de muros podrían reabrir una vez culminados los trabajos y verificada su seguridad.
En una entrevista para El Nacional, el dirigente también consideró necesario que los padres puedan entrar a las instituciones durante los primeros días de actividades para conocer directamente las condiciones de las instalaciones.
El estado físico de los colegios es solo una parte del problema. El informe de Cecodap y la Redhnna alerta también sobre las condiciones de los servicios básicos que sostienen el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
56,6% de los reportes señala ausencia o fallas graves en Internet y telefonía, un servicio esencial para informar a las familias, coordinar evacuaciones y establecer contacto con autoridades y servicios de emergencia.
A esto se suman deficiencias en agua potable, gas de cocina y transporte, así como la alimentación en las comunidades afectadas.
Romeo consideró que los espacios alternativos destinados a estudiantes cuyos colegios quedaron inutilizados deben contemplar baños, ventilación, climatización, apoyo psicoemocional y alimentación. El regreso a clases, en esos casos, puede representar no solo el retorno al aprendizaje, sino también la recuperación de una estructura cotidiana de protección y alimentación.
Otra de las recomendaciones de Cecodap y la Redhnna es diseñar un plan de transición y saneamiento para las escuelas utilizadas como refugios temporales o centros de acopio, con el objetivo de verificar que esos espacios hayan sido recuperados para su función educativa.
No basta con retirar camas, cajas o insumos. Se deben garantizar condiciones de higiene, seguridad, funcionamiento de baños, agua potable y demás servicios, precisaron las organizaciones.
Acompañamiento emocional en las aulas
Durante la presentación del informe, Noelbis Aguilar, directora nacional del Programa Escuelas de Fe y Alegría Venezuela, planteó tres condiciones que deberían estar presentes antes del retorno a las aulas y que calificó, en la práctica, como “no negociables”.
La primera es la habitabilidad técnica de los planteles.
La segunda, la dignificación permanente del personal docente.
La tercera, la implementación urgente de un enfoque restaurativo para atender el impacto psicoemocional provocado por los terremotos.
“Para las familias, entregar a sus hijos en un espacio que presenta grietas visibles representa un factor directo de angustia, especialmente en un contexto de réplicas sísmicas constantes”, afirmó Aguilar.
Por eso, Fe y Alegría reclama un plan transparente de intervención que permita conocer qué escuelas fueron reparadas y que incluya certificados técnicos de habitabilidad una vez culminadas las obras.
La transparencia se convierte así en una herramienta de seguridad.
Los terremotos también dejaron una huella emocional en las comunidades educativas. Hay niños que perdieron familiares, amigos o sus viviendas. Hay estudiantes que presenciaron derrumbes. Otros tuvieron que abandonar sus comunidades. También existen docentes que atravesaron pérdidas personales o que deben volver a espacios relacionados directamente con el desastre.
Eso preocupa particularmente a las familias.
Villaroel cuenta que, entre los estudiantes afectados emocionalmente, existe nerviosismo ante sonidos o movimientos que puedan recordar el terremoto.
“Hay mucho nerviosismo y alarma. Apenas suena algo parecido a la alarma de los teléfonos o uno siente un movimiento ya se asusta”, relató.
El padre reconoce que algunos representantes preferirían que sus hijos no regresaran todavía. Sin embargo, también considera que mantenerlos indefinidamente en casa no necesariamente elimina todos los riesgos ni resuelve el impacto emocional.
En su caso, cree que su hijo necesita reencontrarse físicamente con sus compañeros, especialmente porque cursará el último año de primaria y existe la posibilidad de que varios de ellos tomen caminos distintos después.
Nancy Hernández, presidenta de Fenasopadres, sostiene que el sistema educativo debe asumir esa nueva realidad.
“En este momento solo no podemos hablar de volver a la normalidad. Venezuela tiene una nueva realidad”, afirmó durante una entrevista con El Nacional.
Para Hernández, el trauma no puede ser ignorado ni aceleradamente reemplazado por la rutina escolar.
“Procesar un trauma de esta magnitud lleva un tiempo”, señaló.
La dirigente advierte que los docentes también necesitan herramientas para acompañar a los estudiantes. Insistió en que no se puede exigir a un maestro que funcione como psicólogo sin preparación ni que esconda sus propias emociones para convertirse automáticamente en una figura de contención.
“Es legítimo que los maestros también sientan temor, que los maestros se sientan frustrados, que los maestros sientan incertidumbre”, explicó Hernández.
El informe de Cecodap también plantea que el retorno debe estar acompañado de un plan de atención psicosocial y primeros auxilios emocionales para estudiantes, familias y docentes que regresarán a las aulas después de semanas o meses de exposición a estrés, pérdidas, cambios de vivienda y alteración de sus rutinas.
Fernando Pereira, educador y cofundador de Cecodap, considera que la respuesta debe adoptar un enfoque restaurativo, lo que implica modificar temporalmente la lógica tradicional del año escolar.
Plantea que las primeras semanas no estén dominadas por la presión de cumplir contenidos, recuperar evaluaciones o completar trámites administrativos, sino en priorizar el acompañamiento psicoemocional de la comunidad educativa a través de espacios de conversación, actividades de expresión emocional, dinámicas de integración, reconstrucción de rutinas y ejercicios de preparación ante emergencias.
La propuesta también contempla validar los miedos, dar herramientas para afrontar lo sucedido, reconstruir vínculos y postergar la presión académica hasta que exista un ambiente de mayor estabilidad y seguridad psicológica.
El contenido académico continuará siendo importante, insistió Pereira, pero la escuela deberá determinar cuánto se puede exigir a cada grupo y a cada estudiante.
La idea coincide con las declaraciones de Hernández, que considera que cada alumno puede requerir una respuesta distinta.
“Cada uno tiene su propio diagnóstico”, explica al referirse a los niños afectados y a la necesidad de adaptar la respuesta educativa.
Asimismo, Hernández advierte que expresiones como “jamás va a pasar” o “todo estará bien” pueden no ayudar a un niño que acaba de experimentar un terremoto. La respuesta debería ser reconocer el miedo, explicar qué se está haciendo para aumentar la seguridad y enseñar herramientas concretas para actuar ante una emergencia. Esto es particularmente importante porque los niños no necesariamente expresan el trauma de la misma manera que los adultos.
La flexibilidad también debe aplicarse a los docentes.
Un maestro que perdió su casa o a un familiar puede necesitar apoyo antes de poder convertirse nuevamente en el principal soporte emocional de un grupo.
Los simulacros deben dejar de ser una formalidad
El derecho a la educación no puede interpretarse de manera aislada de otros derechos fundamentales. Para las organizaciones, acelerar el regreso presencial sin información técnica suficiente puede poner a los estudiantes y docentes ante riesgos que deberían estar previamente identificados.
La solución, sin embargo, tampoco consiste en suspender automáticamente las clases de todos los estudiantes.
El informe insiste en que la situación debe evaluarse de forma diferenciada.
Una escuela que cuenta con certificación de seguridad puede recibir a sus estudiantes. Una institución con daños pendientes deberá permanecer cerrada hasta que sea segura. Y aquellos niños cuyos colegios quedaron destruidos necesitan alternativas temporales que permitan mantener su derecho a estudiar.
Esa distinción es fundamental. “Se trata de exigir que el retorno sea seguro, verificable y diferenciado”, enfatizó Trapani.
La preocupación por la seguridad también alcanza los protocolos de emergencia. Los padres consultados por El Nacional señalaron que algunos niños han participado en simulacros de evacuación y conocen las instrucciones básicas. Pero sus familias no siempre han recibido información sobre lo que sucedería después.
Verónica González contó que su hijo sabe cómo salir del colegio durante un sismo, pero ella no recuerda haber recibido información formal sobre un plan de evacuación ni sobre los procedimientos para retirar a los estudiantes.
Villaroel plantea la misma duda: si una escuela debe ser evacuada y no puede volver a utilizarse, ¿a dónde se trasladarán los estudiantes?
“Más allá de ir al colegio si sucede algo, no han dicho en ningún momento a dónde los trasladarían en caso de que no puedan permanecer allí”, explicó.
Michelle Gutiérrez, madre de un niño de 5 años, también cuestionó la capacidad de los docentes para controlar a grupos numerosos de niños pequeños durante una emergencia.
“En el caso de los niños pequeños, me parece difícil que una sola maestra pueda controlar a más de 20 niños asustados”, sostuvo.
Para los padres, un protocolo efectivo debe determinar quién dirige la evacuación, dónde se concentran los estudiantes, cómo se contabilizan, quién tiene autoridad para retirarlos, qué ocurre con aquellos cuyos familiares no llegan y qué institución asume la custodia temporal.
Fausto Romeo también coincidió en que un simulacro no puede convertirse en una actividad destinada únicamente a cumplir con un requisito o producir fotografías, sino que debería servir para identificar fallas reales.
“Seguramente se va a tener que aplicar dos o tres veces al año en simulacro para que se pueda valorar”, señala.
La preparación debería incluir no solo estudiantes, sino también docentes, personal administrativo y representantes.
Hernández insiste igualmente en que Venezuela necesita fortalecer su cultura de prevención y que los simulacros deben convertirse en una práctica habitual. Destaca que la preparación previa puede marcar la diferencia entre una evacuación ordenada y una situación de caos.
¿Qué debería ocurrir antes del regreso a clases?
Antes del 14 de septiembre, fecha designada por el Ministerio de Educación para el inicio de clases del nuevo año escolar 2026-2027, Cecodap y la Redhnna consideran necesario que las autoridades prohíban la reapertura presencial de cualquier centro que no tenga una certificación técnica documentada de habitabilidad y seguridad estructural.
Además, insisten en que se deben publicar las evaluaciones técnicas desagregadas por municipio y plantel, con prioridad para las escuelas que requieren inspecciones e intervenciones inmediatas, así como implementar un plan de atención psicosocial y primeros auxilios emocionales dirigido a estudiantes, familias y docentes.
También destacan que es necesario garantizar alimentación, agua segura y transporte, con el propósito de reducir el riesgo de ausentismo y deserción, al igual que entornos de aprendizaje seguros y dignos.
Los padres también resaltan la importancia sobre conocer el estado real de las escuelas para poder decidir si envían a sus hijos o no de regreso a clases presencial.
Ante esto, Hernández reclama mayor transparencia al Ministerio de Educación y participación de las comunidades educativas en la planificación del retorno.
Romeo, por su parte, añade que la participación de los padres no debería entenderse como una interferencia en la gestión escolar. Después de una emergencia de tal magnitud, la medida constituye una herramienta de confianza.
“Los padres deben tener confianza ante la institución donde ellos decidieron que sus hijos van a estudiar”, afirma. Pero esa confianza, aclara, debe ser correspondida por las instituciones educativas con información y condiciones que permitan a los representantes sentirse seguros.
La experiencia durante la pandemia del covid-19 le sirve como referencia para explicar que los temores iniciales pueden disminuir cuando las familias perciben que existen condiciones para el retorno.
La representante de Fenasopadres también indica que debe realizarse un diagnóstico individual de cada estudiante. Algunos pudieron culminar el año escolar 2025-2026; otros quedaron con materias o grados pendientes. La destrucción de una escuela no debería borrar los registros académicos ni interrumpir la trayectoria educativa.
El desplazamiento de familias agrega otra dificultad. Algunos estudiantes tuvieron que salir de las zonas más afectadas y trasladarse a otras entidades. El sistema educativo debe determinar cómo serán incorporados a nuevas instituciones y qué capacidad existe para recibirlos.
La dirigente reclama un registro público de esa población estudiantil. Según su testimonio, hasta el momento no se había conocido un registro oficial de las necesidades educativas de esos niños y adolescentes, aunque sí existían registros relacionados con viviendas en las zonas afectadas.
Ante los casos en que un plantel quedó destruido o severamente afectado, Romeo plantea la posibilidad de habilitar espacios temporales ante el regreso a clases bajo el concepto de “escuela sin muro”. La propuesta parte de una idea sencilla: si el edificio escolar no puede utilizarse, debe buscarse otro espacio que permita mantener la actividad educativa mientras se reconstruye o repara la infraestructura.
Pero ese lugar alternativo no puede ser improvisado. Romeo señala que tendría que contar con baños adecuados, ventilación, climatización, apoyo psicoemocional y alimentación. La intención sería que el espacio sea una solución temporal y digna, no una sustitución permanente de la escuela destruida.
El planteamiento es particularmente relevante en comunidades donde la pérdida de la escuela puede representar también la pérdida de un punto de encuentro, alimentación, protección y socialización. Por eso, cualquier solución provisional debe preservar esas funciones.
Cecodap y la Redhnna también plantean una respuesta diferenciada para las comunidades afectadas. Eso implica organizar cupos, recuperar registros académicos, facilitar traslados y evitar que los niños permanezcan fuera del sistema mientras se reconstruyen los planteles.
El regreso a clases después del doblete sísmico del 24 de junio no tiene por qué convertirse en una nueva fuente de angustia, puede ser una oportunidad para recuperar las rutinas perdidas, reencontrarse con los compañeros y comenzar a sanar.
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Pero para que realmente sea un regreso seguro y no una nueva exposición al riesgo, Venezuela tendrá que demostrar primero que aprendió una de las lecciones más dolorosas del 24 de junio: la prevención no puede comenzar después de la tragedia.
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