2019 tiene que ser el año del inicio de la refundación profunda de Venezuela. Porque no se trata meramente de salir de Maduro o cambiar de gobierno. Se trata de comenzar los cambios necesarios e impostergables en lo político, económico, social, educativo y moral para gestar una Venezuela genuinamente democrática, productiva, reconciliada y justa, donde vayamos superando y combatiendo todo tipo de populismo y mesianismo, la cultura rentista, bien sea petrolera o minera, la mentalidad limosnera que espera que le den en vez de trabajar y producir, la corrupción, el clientelismo y nepotismo, la ineficiencia y la irresponsabilidad. Ojalá que de estos años de caos y desgobierno, de despilfarro e incompetencia, hayamos aprendido que el desarrollo debe ser para todos, y que el verdadero progreso se logra con esfuerzo, emprendimiento y producción. Por ello, como me gusta repetir, yo no quiero una Venezuela ni de la cuarta ni de la quinta; yo quiero una Venezuela de primera.
Las pasadas elecciones de concejales demostraron con meridiana claridad que el pueblo venezolano ha perdido por completo la confianza en el actual Consejo Nacional Electoral. Por ello, si la salida a la crisis debe ser democrática y electoral, hay que buscar caminos cimentados en la soberanía del pueblo, que prescindan del actual órgano electoral que ha demostrado repetidas veces que no es autónomo ni imparcial, sino que más bien parece un brazo del partido socialista unido de Venezuela.
A mí me resulta muy interesante y convincente el itinerario, muy bien cimentado en distintos artículos de la actual Constitución que viene proponiendo el tachirense Doctor Luis “Balo” Farías. Su propuesta se concreta en realizar una amplia consulta popular, donde se le pregunte al pueblo si aprueba o no siete cuestiones esenciales: 1.- El desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y los actos derivados de ella, en especial la reelección del Presidente, que se hizo sin la aprobación del Pueblo, titular del poder constituyente originario. 2.-La convocatoria a una legítima Asamblea Nacional Constituyente Originaria convocada por un Órgano Nacional Electoral Independiente y con apoyo internacional para un nuevo pacto social que asegure la reconstrucción y refundación del país. 3.-La designación por la Nueva Asamblea Nacional Constituyente de una Junta de Gobierno Transitoria de Unidad Nacional, que renueve los poderes públicos y abra canales de ayuda humanitaria. 4.- La exigencia a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional que, en cumplimiento de su deber y mandato constitucional, acaten la decisión del Pueblo Soberano. 5.- La solicitud a la ONU, OEA, Grupo de Lima y otras organizaciones y gobiernos democráticos que sean garantes del proceso. 6.-El reconocimiento y respaldo a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General en el exilio como legítimos Poderes Públicos Constituidos, empeñados en restablecer el orden democrático republicano. 7.-Iniciar un proceso de reconciliación con justicia y sin impunidad para lograr la paz, sustituir el actual gobierno y superar el modelo centralista.
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