Dada la pulverización de su salario, muchos docentes se ven obligados a abandonar la profesión y hasta el país, en busca de mejores posibilidades de vida. Se imponen políticas a mediano plazo para superar este problema, pero también acciones inmediatas a objeto de que no haya estudiantes sin su maestra o maestro al inicio del próximo año escolar.
Entre las iniciativas urgentes conviene considerar la convocatoria a docentes jubilados, ofreciéndoles un bono compensatorio por su labor. Tenemos un número apreciable de jubilados, muchos en edades propicias y buen estado de salud. Esta oportunidad les permitiría contribuir con nuestra educación en tan compleja coyuntura y a la vez mejorar sus ingresos. Para el Ministerio, resultaría una manera seria de conseguir con rapidez personal capacitado.
Otra vía a tomar en cuenta es ofrecer mayor número de horas a profesoras y profesores ya en ejercicio. Luce extraño en la situación que vivimos, pero algunos docentes me han comentado que ellos o familiares cercanos desearían conseguir más horas de clase y no lo logran. Hay que utilizarlos. Adicionalmente, aunque el número de cursantes de las diversas ramas de la profesión docente ha disminuido mucho, aún existe una cantidad apreciable de ellas y ellos. Teniendo al menos tres semestres aprobados, sumarían refuerzos para solventar la presente emergencia. Comprendo que un porcentaje de este sector ya debe estar dando clase, pero puede haber otras y otros que no hayan alcanzado ubicarse. Pasa lo propio con docentes recién graduados: no todos han conseguido trabajo. Deben ser tomados en cuenta.
Es positivo que el Ministerio trate de aumentar el interés por la carrera docente, e incluso diseñe programas en los que los interesados se incorporarían desde temprano a las escuelas. Pero al inicio solo podrían actuar como auxiliares, ya que sin un mínimo de estudios no es razonable estar a cargo de un curso.
Las salidas urgentes no bastan: hacen falta desde ya decisiones económicas más acertadas, que enrumben al país en una senda de productividad y avance social. El Estado no puede tener una sobrecarga de empleados, y sus recursos debe orientarlos a remunerar bien a aquellos trabajadores que sí necesita, como es el caso de las educadoras y los educadores.