En Venezuela, el objetivo de las élites políticas y económicas que se disputan el poder ha sido el de controlar la capacidad estatal para intervenir y regular la economía. En esta pugna, las instituciones que administran la política económica con frecuencia terminan colonizadas y secuestradas por la colusión de intereses político-económico que tuercen en su propio beneficio la gracia y el favor de los incentivos públicos. Estas élites que se han beneficiado del rentismo también se opondrán a las medidas que este u otro gobierno puedan tomar para impulsar la transformación de la cultura rentista en una nueva cultura centrada en el valor de la inversión y el trabajo.
¿Qué es lo que impide sincerar el precio de la gasolina y la tasa de cambio de 10 Bs/$? El control de cambios no evitó la fuga de capitales ni el descalabro de las reservas internacionales, pero aún se mantiene. Lo mismo pasa con el control de precios, que no pudo impedir la inflación más alta del mundo y todavía sigue vigente. Los errores y desviaciones de la política económica generan incentivos perversos en torno a los cuales se reproducen y multiplican grupos de interés que se oponen al cambio de las políticas. La prolongación de estos incentivos perversos origina redes de corrupción que van colonizando los puestos claves de mando donde se asignan y administran los recursos públicos. La acumulación de fortuna no se logra con la inversión productiva que genera una creciente riqueza, sino a través del enriquecimiento fácil que se obtiene al medrar de esos errores y desviaciones que pasan a ser la esencia del modelo de expoliación.
Las mafias que se forman van penetrando los ministerios, empresas del Estado, Fuerza Armada y Poder Judicial, corrompen a militares y funcionarios que conforman poderosos grupos de poder que no diferencian entre el patrimonio público y el privado. Al corromperlos, los hace cómplices y parte de un modelo de expoliación que surge al calor de las desviaciones y errores de la política económica, convirtiéndose en una de las principales resistencias y amenazas de las reformas que pueda impulsar cualquier gobierno.
La prolongación de las políticas de intervención y control estatal degeneran en incentivos perversos que atraen y reproducen a los cazadores de rentas, especuladores y corruptos. Para erradicar el manejo perverso de estos instrumentos por parte de las poderosas mafias que han penetrado y secuestrado la estructura de los poderes públicos, un gobierno que priorice el interés nacional está emplazado a corregir las desviaciones y errores de la política económica. Esto pasa por crear un nuevo marco legal y un entorno institucional que sea expresión de un gran acuerdo nacional para evitar el uso arbitrario y discrecional de la renta petrolera por parte de los grupos privilegiados que han medrado y enriquecido al amparo de los incentivos perversos que ofrecen las desviaciones y errores de la política económica.
La consideración de las implicaciones políticas y sociales deviene en un factor clave para el éxito de un programa de reformas económicas. La construcción de su viabilidad no puede limitarse al diseño técnico y a los aspectos tecnocráticos relacionados con la calidad del diseño, la secuencia y el ritmo de las medidas. Resulta imprescindible asegurar el respaldo político y social, para lo cual se requiere prever las compensaciones a los sectores sociales que pudieran resultar afectados. Además de la coherencia y solidez de las medidas que conforman un programa de reformas, se requiere liderazgo político, fortaleza institucional, capacidad gerencial y sensibilidad social para su exitosa instrumentación.
@VictorAlvarezR