La petrolera venezolana Pdvsa considera una declaratoria de “fuerza mayor” para liberarse de responsabilidad ante eventuales incumplimientos en entregas de crudo a clientes estadounidenses, debido a nuevas sanciones de Washington, anunció este martes su presidente, Manuel Quevedo.
“Todas las opciones estamos evaluándolas, entre ellas la declaratoria de fuerza mayor con el mercado norteamericano”, declaró Quevedo, un militar que dirige a la golpeada industria petrolera.
Este tipo de medida se aplica para liberar a los suscriptores de un contrato de responsabilidades frente a hechos imprevisibles, en este caso las sanciones, que el presidente de la compañía petrolera calificó este martes de “robo descarado”.
En 2018 Venezuela exportó a Estados Unidos unos 510.000 barriles diarios, manteniéndose como su tercer proveedor. El país caribeño, a su vez, importa combustibles y petróleo liviano para procesar su crudo pesado.
“Tenemos toda la voluntad de mantener la operatividad con las empresas que tienen nuestros contratos de suministro, pero a la vez queremos proteger a los proveedores de insumos y materiales que tienen contratos con Pdvsa”, agregó Quevedo.
El lunes, el Departamento del Tesoro estadounidense bloqueó 7.000 millones de dólares de activos de Pdvsa y determinó que Citgo -filial de la compañía en Estados Unidos- podrá operar siempre y cuando deposite sus ganancias en una cuenta bloqueada.
Washington aumentó así su presión contra Maduro para que traspase el poder a un “gobierno de transición” encabezado por el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, quien se juramentó presidente interino el 23 de enero con apoyo de Estados Unidos y varios países latinoamericanos.
Estados Unidos también dio a Guaidó el control de cuentas de Venezuela en ese país. La cancillería rechazó en un comunicado las “medidas unilaterales, arbitrarias e ilegales anunciadas por el gobierno de Donald Trump con el fin de tomar control de cuentas bancarias a nombre del gobierno venezolano”.
“No hay otra forma de calificar esta acción que la de robo descarado”, señala el documento, que ratifica las denuncias de Caracas sobre un “plan de golpe de Estado activado directamente desde la Casa Blanca”.