La inmensa mayoría de los venezolanos queremos elegir, para decidir nuestro presente y el devenir que deseamos para las futuras generaciones. Y no existen dudas que esa mayoría desea un país que respete lo establecido en la Constitución: un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Que tenga como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.
Eso ya fue decidido dos veces, la primera el 15 de diciembre de 1999 cuando se votó en el referéndum aprobatorio de la Constitución vigente, la segunda el 2 de diciembre de 2007 cuando el pueblo negó la reforma presentada por el gobierno. Sin embargo, el régimen, desobedeciendo los reiterados mandatos del pueblo, siguió avanzando en la implantación de su Socialismo del Siglo XX, aderezado con enormes dosis de corrupción, autoritarismo y atropello a los derechos humanos, todo lo que ha conducido a esta dolorosa realidad que la mayoría de los venezolanos padecemos.
Con base a toda la armazón autoritaria y violatoria de la Constitución vigente, el régimen llama a elecciones parlamentarias este domingo 6 de diciembre, en la que nada se elige de conformidad con las normativas vigentes, de manera libre, universal, directa y secreta, ni se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad y eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional.
Así las cosas, es evidente que se trata de una enorme farsa electoral montada con el único fin de continuar el proceso de deterioro de la nación venezolana en todos sus órdenes, causando la ruina de las mayorías. Convalidar esta farsa es alimentar el monstruo que nos devora.
Como nos lo recuerdan nuestros obispos en el Mensaje del pasado 30 de noviembre: “El pueblo venezolano anhela ciertamente un cambio pacífico de la situación, para lo cual quiere expresarse con el voto, en condiciones justas, equitativas y de igualdad para las partes”. Queremos elegir, sí, sin lugar a dudas, pero en las condiciones establecidas en la Constitución y la Ley. Nada más y nada menos.
