Francisco González Cruz
Luego de la acusación formal por los delitos de asesinato y conspiración para la tortura en casos concretos, presentada por fiscales federales ante un tribunal de Nueva York contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores —que se suma a los cargos de tráfico de narcóticos y armas ya imputados—, cabe preguntarse: ¿Qué más puede pasar?
Ya ha pasado de todo. Delitos de variada naturaleza que violentan la dignidad de las personas y sus derechos consagrados en la legislación nacional e internacional están ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos, organismos del sistema de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Asimismo, ha sido registrado por periodistas que lo han arriesgado todo, medios de comunicación, iglesias, universidades, academias, personalidades de todo el mundo y líderes venezolanos que han pagado caro su audacia.
Las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sistemáticas están comprobadas. Sus autores institucionales y personales han sido claramente identificados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Instituto CASLA y ONG como Espacio Público, COFAVIC, Justicia, Encuentro y Perdón, e IPYS Venezuela. De igual forma, el trabajo de medios como Efecto Cocuyo, Caraota Digital, Runrunes, El Pitazo, Armando.info, Tal Cual, El Nacional y diarios regionales como el Diario de Los Andes, entre otros, lo sostiene.
Los temas del narcotráfico y las asociaciones con el crimen organizado vienen registrándose desde el año 2008, cuando las computadoras del comandante de las FARC, Raúl Reyes, cayeron en manos de la justicia y su contenido fue certificado por Interpol. El llamado «Cártel de los Soles» ha sido documentado por la Secretaría General de la OEA y el Departamento de Justicia de EE. UU. desde su origen en los años noventa como bandas delincuenciales, hasta alcanzar una estructura criminal cuya trascendencia e influencia motivaron que el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo designara formalmente como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), con todas las consecuencias jurídicas que esto acarrea.
La corrupción instalada en el Estado alcanza cifras elevadísimas de difícil cálculo. Diversas fuentes afirman que podría rondar los 600.000 millones de dólares. Los exministros de Planificación Jorge Giordani y de Educación Héctor Navarro calcularon, en su momento, que el desfalco entre 2003 y 2014 fue de al menos 300.000 millones de dólares provenientes de la bonanza petrolera.
A estos escándalos se suman las irregularidades en el programa CLAP y las operaciones de Alex Saab, las más de 150 mega obras de infraestructura que recibieron financiamiento público masivo pero quedaron paralizadas o abandonadas —lo que representa pérdidas superiores a los 316.000 millones de dólares según estudios de Transparencia Venezuela—, el diferencial cambiario de CADIVI y sus sucesores (estimado en una malversación de 300.000 millones), la opacidad en el manejo del FONDEN y el Fondo Chino (más de 174.000 millones) y, recientemente, la trama «PDVSA-Cripto», con una pérdida admitida provisionalmente por las propias autoridades de al menos 16.960 millones de dólares.
¿Falta algo más? Sí. Mientras danzaban estos miles de millones de dólares, el país se arruinó. Colapsaron la salud, la educación, la infraestructura y los servicios más elementales como el agua y la electricidad. Se asfixió a las universidades autónomas, decayó la investigación en ciencia y tecnología, desapareció la información estadística oficial —impidiendo la realización del censo nacional—, se extinguieron los diarios impresos y se persiguió a los medios independientes. Las ciudades, pueblos y aldeas se llenaron de construcciones inconclusas o en ruinas, el transporte público se volvió chatarra y la economía sufrió una contracción cercana al 80% del PIB, destruyendo las tres cuartas partes de la riqueza nacional.
¿Falta algo más? Que lo diga el pueblo venezolano que sufre estas calamidades, luchando para sobrevivir con dignidad a pesar de una inflación acumulada sumamente alta y proyecciones cambiarias complejas frente al dólar. Incluso cuando algún audaz quiere emprender una iniciativa para producir un bien o prestar un servicio, se tropieza con una trama insólita de procedimientos, permisos, tasas y trámites que desaniman al más entusiasta. Aquella realidad burocrática de soportar decenas de trámites y meses de espera para formalizar un negocio contrasta con países donde bastan de 1 a 4 pasos despachados en pocos días.
¿Falta algo más? Por supuesto que quedan muchas otras muestras de lo que el Socialismo del Siglo XXI hizo en Venezuela; quizás las más graves no están a la vista.
¿Qué falta por hacer para poner fin a la tragedia? Darle la palabra al pueblo venezolano, que tiene las cosas claras y quiere acelerar los cambios sin más excusas. Es necesario asegurar una ruta electoral clara y poner en marcha el camino hacia la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, para refundar una república decente y confiable.
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