Por Carolina González / El Carabobeño
José* se levantó temprano, se preparó y salió de su casa. Al llegar a su centro de votación se contagió del optimismo que se respiraba en el lugar. Estaba convencido de que tras los comicios de ese domingo 28 de julio habría un cambio político en Venezuela, pero horas más tarde, durante la madrugada del lunes, su esperanza se desvaneció. Frente a su televisor escuchó a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunciar que Nicolás Maduro había sido reelecto en las presidenciales. Para él, los números eran irreales. La mañana del 29 de julio quiso salir a la calle a manifestar en contra de los resultados, convencido de que era su derecho. No sabía que, por protestar, lo acusarían de incitación al odio y terrorismo.
Su vida cambió para siempre. Así se lo dijo a su madre cuando pudo verla solo 20 minutos en la sede de la Policía Municipal de Valencia, tras seis días detenido. A José, el artículo 68 de la Constitución le parece letra muerta:
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Protestar no es un delito
La criminalización de la protesta en Venezuela es un fenómeno ampliamente denunciado por víctimas y defensores de DD.HH. en los últimos años, caracterizada por la represión, persecución y castigo a quienes ejercen su derecho a manifestar pacíficamente, a través del uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y el desarrollo de procesos judiciales catalogados de injustos, con sentencias desproporcionadas.
El 7 de agosto de 2024 el gobernante Nicolás Maduro aseguró que habían al menos 2.229 detenidos luego del 28J, un promedio de 278 arrestados por dí a; para el 26 de agosto de 2024 la organización no gubernamental Foro Penal contabilizaba 1.780 encarcelados en este contexto, 95 % de ellos habitantes de sectores populares. Según cifras de la organización, Carabobo es el segundo estado con mayor cantidad de presos: al menos 186.
De acuerdo con la ONG Provea, entre los detenidos se cuentan seis periodistas, cuatro defensores de derechos humanos y 45 dirigentes de partidos políticos de oposición.
Patrones al margen de la ley
Hambre, malos tratos y vejaciones. En eso se resumen los días de José, más las amenazas que recibe para que no denuncie lo que le está pasando. “Lo acusan de querer tumbar al Gobierno y eso no es verdad. Él quería un cambio, que el país mejorara, no es un terrorista ni incitó a matar a nadie”, lamenta María, su madre.
Desde el domingo 25 de agosto, la mujer hace guardia en las adyacencias de la cárcel de Tocuyito que, junto al penal de Tocorón, están siendo remodeladas para albergar a los arrestados en las protestas poselectorales, por orden de Maduro.
No sé si está entre los que mandaron para acá. Me lo condenaron sin un abogado, no dejaron que nadie lo defendiera. En manadas, en grupos, les decían ‘está imputado por ser un terrorista, por incitar al odio’. Eso fue todo
María*, madre de José
Aunque Venezuela ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece en su artículo 8 el derecho de un inculpado a ser asistido por un defensor de su elección, son cientos los detenidos como José a quienes se les ha negado tener una defensa privada. Organizaciones de la sociedad civil en el país han denunciado esta práctica desde hace años, y explican que los principales afectados son los apresados por motivos políticos.
La coordinadora de investigación, monitoreo y difusión de la ONG Provea, Lissette González, detalló a El Carabobeño que a los detenidos se les impide nombrar a un abogado de su confianza y son forzados a aceptar una defensa pública, muchas veces cuestionada por la sociedad civil, que considera que actúan en función de los intereses del Gobierno y no defienden los intereses de sus representados.
¿Qué se detrás de la negación a la defensoría privada?
A juicio del coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, la imposición de una defensa pública se hace para que no se pueda constatar la violación de algún tipo de derecho humano. “Eso es violatorio del debido proceso, el derecho a la defensa, la Constitución y las leyes especiales”.
Betancourt, quien indicó que las autoridades impidieron que el Foro Penal representase a los detenidos en las protestas como habían solicitado las familias, también denunció las condiciones de las audiencias. Explicó que a los arrestados en la entidad los trasladaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Los Guayos y los imputaron, a través de una videoconferencia con un tribunal de terrorismo en Caracas, por delitos contemplados en la Ley contra el Odio y la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Imputaciones masivas por protestar pacíficamenteo estar cerca de una manifestación
Otro aspecto importante que recalcó González, de Provea, es que los tribunales imponen masivamente los mismos cargos a cientos de personas detenidas en hechos y circunstancias distintos, sin ninguna prueba.
La investigadora planteó que esto evidencia que el poder judicial no es independiente y que asume un patrón represivo contra la disidencia por mandato, lo que se traduce en un crimen de lesa humanidad. Son precisamente esos patrones los que en la actualidad investiga la Corte Penal Internacional.
González contó que en conversaciones con familiares de los detenidos, estos reportan que sus parientes se encuentran en hacinamiento y algunos afirman que les dan comida con gusanos y que no tienen agua potable, sobre todo las mujeres recluidas en el retén de La Crisálida. Otros, alertan de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Escalada de violencia
“Mi hijo tiene una hernia y salió a comprar unos remedios porque tenía mucho dolor. Lo agarraron unos funcionarios de la Policía Municipal de Valencia y me dicen que lo persiguieron cinco cuadras. Cuando lo agarraron le cayeron a golpes, le querían poner una media en la cabeza para sembrarlo. Se lo llevaron a la plaza Bolívar, donde le cayeron a patadas”, narró en las inmediaciones de la cárcel de Tocuyito el padre de uno de los detenidos en el sector La Candelaria.
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Otro hombre en el lugar relató otro episodio de violencia durante la detención de su hijo. Contó que él también había salido a la farmacia a comprar medicamentos para unos abscesos en las axilas y los brazos. Cuando iba de regreso a su casa fue detenido por los funcionarios policiales, quienes le dieron una golpiza. Su padre intentó salir a defenderlo.
“Si sales te llevo a ti también”, le gritó uno de los uniformados.
Violencia psicológica contra los detenidos
Lo que también le preocupa, expresó, es la violencia psicológica a la que pueda estar siendo sometido el joven. “Mi hijo tenía un silencio que no era bueno, lo vi como si estuviera amenazado, sometido, presionado. Sólo decía que estaba bien, pero yo sé que no es cierto. Ni a mi peor enemigo yo le deseo esto”, dijo entre lágrimas al narrar lo acontecido cuando logró verlo durante 20 minutos.
Y la angustia que viven los familiares no es menor. En muchos casos es alimentada por la zozobra de no saber dónde ni cómo están sus seres queridos. Es el caso, por ejemplo, de Kennedy Tejeda, un defensor del Foro Penal, detenido mientras verificaba el estatus de varias personas en un módulo rural de Montalbán, en el occidente de Carabobo. Al cierre de esta publicación se desconocía su paradero y sus allegados y colegas especulan sobre si lo habrán llevado a Tocuyito.
Detenidos y muertos por protestar, unas cifras preocupantes
En paralelo a las cifras históricas de represión que denunció Provea, por la cantidad de presos en un corto período de tiempo, están las de los muertos. Al cumplirse un mes de las elecciones, Monitor de Víctimas —un observatorio de violencia estructural impulsado por la ONG Mi Convive y el medio digital Runrun.es— registraba 24 fallecidos. Entre ellos, está Victor Bustos.
Luego de que el CNE diera sus resultados el 28J, el martes en la mañana Bustos salió de su casa situada en el Barrio Unión, en Naguanagua, para unirse a una protesta ciudadana junto a dos primas, sin saber que no volvería a casa.
Cerca de las 4:00 p.m., en medio de la feroz represión desatada en la avenida Universidad, en el semáforo que da a la urbanización Paramacay, cayó mal herido. Una bala en el pecho lo dejó tendido en el suelo, frente a la bomba Santa Ana. Aún con vida, lo trasladaron al ambulatorio Miguel Franco, a dos cuadras del sitio, pero no recibió atención. Lo llevaron entonces al Hospital Universitario Angel Larralde, en una travesía de 15 minutos en moto. Tras ser ingresado, lo declararon muerto.
Una investigación independiente para aclarar las muertes
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 915 protestas entre el 29 y 30 de julio, el 80 % en zonas populares, principalmente de Caracas. En los barrios se registró el 75 % de la represión gubernamental.
Solo entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m. del lunes 29 de julio se registraron 17 de las 27 muertes que el fiscal Tarek William Saab reconoció el 22 de agosto pasado. Según el funcionario, ningún integrante de los órganos de seguridad del Estado es responsable de estos hechos. Atribuyó las muertes a los comaditos de la oposición venezolana.
La investigadora Lissette González de Provea indicó que entre el 29 de julio y el 1 de agosto se reportaron 93 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. En 40 % de los casos, las heridas son de armas de fuego.
González destacó la importancia de que se realicen investigaciones independientes para dar con los responsables. “Pudiera tener razón Saab en que no fueron agentes de seguridad. Podrían ser colectivos, que son grupos progobierno y forman parte del aparato represivo frente a las protestas”, dijo. Personas que estuvieron presentes en las manifestaciones reportaron a Provea la presencia de colectivos cuando hubo muertos. “Por ello, hace falta una investigación penal seria, que debería hacer el Ministerio Público y no tenemos conocimientos de que exista”.
Hitos de la persecución
En la última década de conflictividad política, social y económica en Venezuela los intentos por evitar las protestas ciudadanas han ido en aumento.
En abril de 2014 una sentencia de la Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia alegó que el derecho a la manifestación política no es absoluto. Dictó que las protestas debían ser autorizadas antes por las alcaldías. En 2017, la implementación del Plan Zamora, que según el Gobierno era “un plan estratégico para responder a posibles eventos adversos o intervención extranjera que ponga en riesgo la seguridad del país”, coincidió con el aumento de la represión contra las manifestaciones.
La legislación venezolana reconoce el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. Pero, un hito de las protestas postelectorales de 2024 es que entre los detenidos se cuentan al menos 136 adolescentes, de los cuales 107 seguían presos al momento de esta publicación.
Protestar también es un crimen para los adolescentes
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, una organización defensora de los derechos de la infancia y la adolescencia, abogó por una investigación profunda sobre las circunstancias en las que los adolescentes fueron detenidos. Algunos familiares han informado que sus hijos no se encontraban manifestando al momento de su detención.
El especialista recordó que existe un sistema de justicia especial para esta población. Ellos deberían tener una defensa especializada y no deberían ser recluidos con adultos.
Entre los adolescentes detenidos está Miguel José, de 15 años, encarcelado por escribir en un grupo de WhatsApp comentarios en contra del Gobierno.
Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, recordó que la criminalización por protestar en el entorno digital inició en 2014. La detención de la tuitera Inesita Terrible marcó un hito. En 2017 hubo otro pico importante, tras la aprobación de la Ley Contra el Odio, una ley punitiva que, a juicio de los expertos, favorece la persecución a las opiniones emitidas a través de redes sociales y en medios digitales.
“Lo que estamos viendo en este momento es una escalada de algo que no es nuevo, pero que se aplica en forma desproporcionada”, agregó Serrano.
La vida de José cambió, y la de cientos de detenidos procesados por terrorismo por protestar, por caminar cerca de una manifestación. También cambió para las familias de los 27 muertos, bajo la ola represiva más intensa que ha visto Venezuela.
*Los nombres fueron cambiados para proteger a las víctimas.