Mariana Duque / DLA
Productores de hortalizas y ganado de las zonas de Macanillo y La Florida, límite entre los municipios San Cristóbal y Cárdenas del estado Táchira, se han visto obligados a cruzar sus productos y animales entre las aguas crecidas de la quebrada La Honda, en vista de un derrumbe que tiene al menos 60 días y que no ha sido atendido por las autoridades.
Con las fuertes precipitaciones caídas sobre el territorio durante el pasado martes 14 de julio, los productores grabaron un video que fue enviado al Diario de Los Andes en el que se observa cómo cruzan a los animales entre las piedras y la fuerza del agua. En la narración, uno de los afectados destaca que la máquina con la que cuentan ha sido insuficiente para arreglar el daño que hay en la vía.
El pasado 3 de julio habitantes de la zona denunciaron también a través de un video que son ellos quienes mueven tierra con pico y palas para medianamente poder pasar motos por el lugar, pero sólo cuando las aguas no se desbordan, como ocurrió este martes, por lo que hacen un llamado al gobierno nacional, regional y municipal a darles respuesta a los productores tachirenses.
Agenda nacional
Ante las deficiencias existentes en el Táchira con maquinaria pesada para atender emergencias y para hacer trabajos previos de mantenimiento, el alcalde del municipio Junín, Jackson Carrillo, hizo un llamado al gobierno nacional para que impulse una agenda de trabajo con las 335 alcaldías del país, con el objetivo de hacer una revisión minuciosa de la infraestructura de cada municipio.
Precisó que en el caso de Rubio, hay sectores afectados en mayor medida por las crecidas de ríos y quebradas y por el colapso de cloacas, que ameritan la atención de todos los sectores gubernamentales, pero también hizo referencia a las casas y lugares de vieja data que son patrimonio cultural y que no han podido ser atendidas porque lo impiden desde este organismo.
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Anunció Carrillo que en Junín iniciaron un plan de preparación dentro del marco de la gobernanza colaborativa y anticipatoria, que incluye a organismos públicos, universidades, profesionales, comerciantes y todos los sectores de la sociedad, para trabajar en materia de prevención y análisis, sin embargo insiste en que la adquisición de maquinaria, insumos, equipos y dinero para el mantenimiento preventivo de la infraestructura debe ponerla el gobierno.
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