Responsabilizaron al Estado por la vida de los 18 detenidos que se encuentran en la sede del Sebin, entre ellos un menor de edad
Los 18 presos políticos que se encuentran recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de El Helicoide exigen la presencia de la comisión de la verdad, de la asamblea nacional constituyente y del fiscal designado por ese organismo, Tarek William Saab, con el fin de que revisen los casos de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, así como la omisión de boletas de excarcelaciones de 4 reclusos.
Ayer se cumplió el primer día del segundo motín que se ha desarrollado en ese centro de reclusión. Hasta el cierre de la edición, ninguna de las autoridades del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y ANC habían hecho presencia en la cárcel que se encuentra sumergida en graves condiciones de insalubridad, sin agua potable, sin luz, según el diputado Renzo Pietro, que estuvo preso allí desde 2014.
Los presos políticos alzaron sus voces a través de videos difundidos en las redes sociales, en los cuales demandan respeto a sus derechos elementales, así como la visita de abogados y familiares. También pidieron la solidaridad del presidente de Colombia, Ivan Duque, y de la comunidad internacional.
“Señores, no hay negociación; no vamos a hablar con comisarios del Sebin. Directamente con Fiscalía. Si se produce una masacre hacemos responsables a las autoridades del Estado que son las que han hecho caso omiso a todas las situaciones y a las aberraciones que están ocurriendo aquí”, expresó en un audiovisual, Fred Mavares, comisario de la Policía de Chacao, a quien el tribunal le otorgó la libertad hace dos años y el Sebin no acata la orden.
Prieto señaló que desde la primera protesta que ocurrió el 16 de mayo, mantienen incomunicados a los presos políticos. No les permiten la visita de familiares ni abogados. La diputada Adriana Pichardo, miembro del Comité de Liberación de los Presos Políticos de Voluntad Popular, indicó que entre los 18 presos hay un menor de edad y uno con medida de arresto domiciliario que el Sebin ha ignorado.
Cerco y angustia. Los oficiales del Sebin negaron la visita a familiares y abogados de los detenidos. “Por órdenes superiores” prohibieron el acceso de monseñor Roberto Lückert, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, que acudió para constatar el estado físico y de salud de los prisioneros por razones políticas.
“¿Es un país democrático donde los jueces dijeron que estos señores (los presos políticos) estaban libres y continúen encarcelados?, esto no es democracia”, dijo el primer arzobispo de la Arquidiócesis de Coro. Calificó de “cínica y cara dura” a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, porque asegura que los presos del país son bien alimentados y se les respetan sus derechos humanos.
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El Nacional
