Los nuevos contratos suscritos por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con Estados Unidos tendrán una vigencia inicial de 25 años y podrán renovarse mediante acuerdo entre las partes, informó el presidente de la estatal, Héctor Obregón.
Obregón explicó durante una entrevista con el Circuito Onda de Unión Radio, que el esquema contractual incluye mecanismos para extender los acuerdos una vez cumplido el período previsto inicialmente.
“El contrato está firmado 25 años, pero legalmente de mutuo acuerdo puede haber renovaciones similares hasta llevarlo al tiempo que corresponda. Es decir, se prevé 25 años, pero está la posibilidad de renovación las veces que sean necesario”, expresó.
La duración -de acuerdo con el presidente de Pdvsa- busca brindar mayor estabilidad jurídica y operativa a las inversiones de largo plazo vinculadas con la industria energética venezolana.
Obregón abordó el manejo de los recursos generados mediante estos acuerdos. Indicó que algunos fondos son recibidos en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero aseguró que Pdvsa conserva la administración de sus recursos.
El funcionario sostuvo que este mecanismo también ofrece protección a la petrolera estatal frente a los litigios y demandas que actualmente enfrenta, al impedir que los acreedores puedan actuar contra esas cuentas.
“Eso para nosotros puede ser considerado una protección”, expresó.
Con este modelo Pdvsa busca fortalecer alianzas estratégicas de largo plazo y atraer inversiones internacionales que contribuyan a la recuperación de la industria petrolera venezolana.
Sectores de la sociedad civil y de oposición han cuestionado los acuerdos y exigen transparencia para conocer los detalles.
La ONG Provea pidió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aclarar al país los alcances de los acuerdos petroleros e implicaciones que tienen para la situación de los derechos humanos.
El dirigente opositor Andrés Velásquez advirtió que los acuerdos petroleros que comprometen bienes nacionales podrían ser cuestionados o impugnados judicialmente, al considerar que el gobierno de Delcy Rodríguez carece de legitimidad política para haberlos firmado.
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