Víctor Álvarez / @victoralvarezr
No nos llamemos a engaños, en Venezuela no habrá elecciones en el 2027 y puede que en el 2028 tampoco. Se convocarán una vez que se termine el difícil trabajo del ajuste económico y la Administración Trump declare concluida la segunda fase de recuperación. Al referirse a la tercera fase de transición democrática Marco Rubio declaró a Fox News que “no quiere esperar demasiado para una transición, pero tampoco quiere actuar con tanta rapidez que todo pueda desmoronarse». Hasta María Elvira Salazar y los congresistas republicanos que tanto presionaron para convocar las elecciones, ahora aceptan que las presidenciales se pospongan, incluso hasta el 2028.
La etapa de recuperación económica es muy compleja y puede durar más de dos años. A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político-electoral que nadie quiere pagar. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. La eliminación de subsidios indebidos como el de la gasolina; la privatización de empresas públicas; la fusión de ministerios, liquidación de entes públicos y ajuste de nóminas; y, la reducción del gasto público en general, suelen causar un gran malestar social y clima de protestas.
Hasta ahora, las medidas de ajuste económico han sido a cuenta gotas, reactivas y desarticuladas que se contradicen y anulan entre sí. Para que la recuperación económica sea estable y sostenida se necesita un Programa de Reformas Económicas con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada. Con este fin, EEUU gestiona la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, quien será el que supervisará el diseño y ejecución del programa de ajuste económico.
Si las presidenciales se convocan antes de hacer “el trabajo sucio” del ajuste económico, el nuevo gobierno recibirá una economía aún sin sanear, un país institucionalmente débil, y una sociedad descontenta que puede estallar. El nuevo mando político caminará por un campo minado y Venezuela será un país difícil de gobernar. El chavismo en la oposición, con el control de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, aún tendría suficiente fuerza para calentar la calle y abortar las reformas económicas que quedaron pendientes.
Para no dejarle esta difícil tarea al nuevo gobierno, Trump y Rubio han decidido que las presidenciales se convocarán cuando se haya completado el programa de ajuste y completado la fase de recuperación económica, lo cual no será antes del segundo semestre del 2028. Así lo ha entendido MCM, quien ya no pide que se haga valer el resultado de las presidenciales de 2024 y ahora anuncia que será candidata a la presidencia. Prefiere que el chavismo sea el que pague el costo político-electoral de las duras medidas de ajuste económico pendientes, toda vez que -en caso de ganar ella las presidenciales- heredaría una bomba de tiempo que le puede estallar en los primeros 100 días de su gestión, lo cual puede terminar restaurando el viejo orden que se creía superado.
De allí que la verdadera línea roja del oficialismo no es la tutela de EEUU a través de órdenes ejecutivas y licencias de la OFAC, sino la amenaza que representa el regreso de MCM. A corto plazo, el gobierno interino se resistirá a convocar elecciones. El TSJ ya aportó la base legal al declarar la ausencia forzada de Maduro para no declarar la ausencia absoluta ni activar el plazo para convocar nuevas elecciones. Y esta interpretación del máximo tribunal deja el camino abierto para que Delcy Rodríguez complete el período constitucional y gobierne hasta el 2030.
La Orden Ejecutiva 14373 y las licencias OFAC imponen mecanismos de control, condiciones de uso y criterios de selección que operan como un filtro de rivales geopolíticos y comerciales para alinear la industria petrolera venezolana con los intereses energéticos y geopolíticos de EEUU. Este entramado de control se puede prolongar aún después que en Venezuela se elija un nuevo gobierno. Incluso, bajo una Administración Demócrata, a los intereses energéticos y geopolíticos de EEUU le convendría mantenerlas vigentes, tal como lo hizo la Administración Biden con la Orden Ejecutiva 13883 y las licencias de la OFAC que heredó del primer mandato de Trump.
Recordemos lo que dijo el Secretario de Estado, Marco Rubio, cuando fue interpelado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para determinar si la Administración Trump había sobrepasado los límites de la soberanía venezolana. Dijo Rubio: “Quien crea que Venezuela recuperará su autonomía de forma inmediata, sin pasar por este filtro de administración estratégica, simplemente está leyendo mal el momento histórico”.
¿Quién puede asegurar, entonces, que la arquitectura de control sobre el ingreso petrolero, el comercio exterior y las inversiones en Venezuela se desmontará una vez que se hayan celebrado las elecciones presidenciales?
¿Quién puede asegurar que la tutela de EEUU sobre Venezuela no se va a mantener vigente luego de una eventual victoria de los demócratas en las Presidenciales de 2028?
La Administración Trump está cómoda con un gobierno interino que se ha mostrado dispuesto a cooperar con los intereses energéticos y geopolíticos de EEUU. Por eso prefiere posponer la convocatoria de las elecciones presidenciales.
La transición política estable y duradera es un asunto de viabilidad económica, no de legitimidad democrática. Habrá elecciones cuando se construya la viabilidad económica de la transición política. Lo que está en marcha en Venezuela no es una transición democrática, sino la normalización de un país tutelado bajo lo que Marco Rubio llama la “administración estratégica” que EEUU ejerce a través de las órdenes ejecutivas que decreta Trump y de las licencias de la OFAC. Es el cambio económico sin cambio político, es la normalización sin transición.
