El abogado y politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy, afirmó en su columna semanal que las “dictaduras” de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua son candidatas naturales a la aplicación de la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, pues se trata de un grupo que opera en modalidad de “delincuencia organizada transnacional contra democracia”, según lo reseñado por el medio Sumarium.
El artículo 2 de la Convención de Palermo establece que “por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o mas personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o mas delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Detalla que, “por delito grave se entenderá la conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena mas grave”.
Sánchez Berzaín consideró que si bien el sistema internacional actual tiene normas y procedimientos para “frenar y sancionar los crímenes que cometen los detentadores ilegales del poder”, para lo cual puede actuar la Carta Democrática Interamericana (CDI) o las Naciones Unidas, “resultaría mas rápida y efectiva en el caso de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia, la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Transnacional”.
