Un importante grupo de funcionarios policiales adscritos a la Gobernación del estado Trujillo, personal activo, jubilado y personal civil nos remiten nota informativa, donde denuncian el aciago momento que están viviendo en sus hogares, motivado a devengar un salario que amenaza con matarlos a todos de hambre al igual que a sus hijos y familiares en general.
Refieren los afectados, un grupo de activos y jubilados, que en la reciente quincena el Ejecutivo Regional solo les depositó 1200 bolívares con los correspondientes descuentos, monto irrisorio con el cual no pagan ni los pasajes para trasladarse a sus respectivos comandos y Coordinaciones Policiales y mucho menos para cubrir tan solo medio paquete de harina precocida.
Desde hace varios años, los funcionarios policiales han hecho infinidad de diligencias tendentes a lograr un salario decente y a reclamar sus justas reivindicaciones pero han tenido mucha mala suerte, especialmente con quienes los comandan, superiores que no se preocupan por su bienestar o por el contrario no tienen eco en los reclamos de la gran mayoría, una solicitud justa y muy real.
“No se trata de que nos paguen sueldos de muchos dólares, sino necesitamos urgentemente que se haga una revisión exhaustiva para que se establezca una tasa salaria ajustada a las exigencias al menos de la cesta básica, porque si no conseguimos pagar nuestros alimentos, bienes y servicios, mucho menos se nos va a aprobar una cantidad decente para cubrir la canasta básica donde va incluido nuestro calzado, la ropa de nuestros hijos, medicinas y pago de servicios básicos como telefonía, agua, energía eléctrica y gas licuado que tampoco se consigue”- dijo el sargento mayor jubilado Alejandro Jóvito, quien ha sido defensor de la policía por muchos años.
Jubilados contra la pared
Pero si los funcionarios y trabajadores activos de la policía sufren penurias, más mal la están pasando los jubilados policiales, quienes no reciben beneficios de ningún tipo y de paso se les descuenta exageradamente- según lo expresaron- el monto por servicio de Inpresfapet y Cafapet, muy importantes en las Fapet, pero instituciones internas de respaldo financiero, donde actualmente no se consigue ni medicinas, ni lentes y menos dinero para paliar el alto costo de productos en esta época caracterizada por la dolarización para comprar, pero la depreciación del bolívar para recibir el pago del salario devengado.
Si alguna persona sensata del gobierno analizara la grave situación de nuestros funcionarios policiales, así como de los trabajadores de otros organismos regionales, se daría perfecta cuenta de que el pago de menos de un dólar y medio significa matar de hambre a una persona. No se entiende ni se logra comprender cómo los altos personeros del gobierno creen que una persona pueda enfrentar la severa hiperinflación con este pírrico pago, con el cual, como dijimos al principio, no se compra absolutamente nada.
Situación que raya en lo extremo
Con el mismo respeto de siempre, hacemos el llamado de reflexión a nuestras autoridades, al ciudadano gobernador Henry Rangel Silva, al Consejo Legislativo Regional y al Gobierno Nacional, porque la situación es sumamente grave.
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Ahora no se trata solo de la latente y funesta amenaza por el Covid 19, sino otra amenaza aún más peligrosa, la de morir de hambre por falta de nutrientes necesarios para la subsistencia; eso lo sabe hasta el experto en nutrición más novato del mundo.
Los trujillanos humildes y de la masa trabajadora no estamos consumiendo la carga normal de proteína, carbohidratos y vitaminas esenciales para una salud sana, y los funcionarios policiales y sus familiares no escapan a esta gravísima realidad. ¡Ya es tiempo de actuar para que salgamos de este drama, por favor!
