Santiago de Chile, 4 ago (EFE).- El Senado chileno aprobó este martes el último artículo pendiente de la polémica megarreforma tributaria y económica impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, aunque aún resta discutir los vetos anunciados por el Ejecutivo y los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) con resolución pendiente.
Con 27 votos a favor, 22 en contra y una inhabilitación, el pleno senatorial aprobó en la instancia una fórmula para compensar a los municipios por la rebaja de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años, mecanismo que ha generado división en el municipalismo.
El artículo establece que la Tesorería General de la República deberá transferir a cada municipio los recursos asociados a la compensación, unos 190 millones de dólares que las arcas locales dejarán de recaudar por concepto de contribuciones.
La propuesta de Gobierno contempla que 110 millones de dólares sean destinados al Fondo Común Municipal (FCM) y 80 millones de dólares que se reintegrarían de manera directa a cada comuna, en tanto alcaldes de oposición e independientes plantearon durante la discusión que todos los recursos vayan al FCM exigiendo una distribución focalizada de acuerdo a las necesidades de cada comuna.
Los vetos anunciados por el Gobierno, en tanto, apuntan a corregir o eliminar tres indicaciones incorporadas al texto por la oposición durante su tramitación legislativa: el derecho al olvido financiero por deudas; el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), y los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pequeñas y medianas empresas.
El veto es una facultad del Ejecutivo que obliga al Congreso a volver a discutir las observaciones o indicaciones formuladas por el presidente, y una vez que ambas Cámaras se pronuncian sobre ellas, el proyecto puede ser promulgado en su totalidad.
Esta medida añadiría al menos una semana más de debate, en tanto el TC debe resolver la admisibilidad de los recursos presentados por la oposición que impugnan distintos aspectos de la iniciativa, como la invariabilidad tributaria, por presuntamente vulnerar la Carta Fundamental del país.
El corazón del proyecto es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también incluye la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales o una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones.
El Consejo Fiscal Autómo (CFA), creado en 2019 para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, consideró que el proyecto genera «un impacto fiscal neto negativo», en tanto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que se trata de un plan ambicioso que requiere esfuerzos para «alcanzar las metas de déficit y deuda».
El Ejecutivo considera clave la aprobación del proyecto para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5 % del año pasado hasta el 4 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.
El Gobierno aspira a que la reforma sea aprobada antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año.
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