El presidente chileno, Sebastián Piñera, convocó el jueves un consejo de seguridad que incluye a los jefes militares, junto con anunciar una serie de medidas para endurecer penas, aumentar la vigilancia y fortalecer a las fuerzas de orden ante la ola de protestas que sacude al país desde hace más de veinte días.
En medio de las manifestaciones, Piñera llamó al denominado Consejo de Seguridad Nacional que está integrado entre otros por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y la Corte Suprema, además de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el jefe de la policía militarizada.
En su declaración en el Palacio de La Moneda, Piñera dijo que su agenda para “fortalecer el orden público” incluirá el envío al Congreso o aplicar urgencia a proyectos de ley sobre penalizar saqueos, barricadas y acciones de personas encapuchadas, así como mejorar los servicios de vigilancia e inteligencia del Estado.
El mandatario de centroderecha sostuvo que Chile ha enfrentado “días de mucha violencia, destrucción, vandalismo, enfrenamientos, delincuencia, provocada en su gran mayoría por grupos de criminales organizados”.
Entre las medidas también figuran aumentar la vigilancia aérea de la policía con más drones y reforzar “la capacidad de recibir denuncias ciudadanas respecto de los delitos que han ocurrido durante las últimas semanas” a través de la policía civil y militarizada.
El estallido social, que detonó por el alza del precio del transporte público pero luego puso sobre la mesa antiguas y amplias demandas de la sociedad chilena, ha dejado más de 20 muertos, centenas de heridos y miles de detenidos.
En las tres semanas de protestas contra el gobierno y el modelo económico, Piñera se vio obligado a modificar su gabinete y presentar una serie de medidas paliativas en el ámbito social que, sin embargo, no han apaciguado las movilizaciones.
Muchas de las protestas han sido pacíficas, pero muchas también terminan en saqueos, ataques incendiarios, barricadas y destrucción de infraestructura y comercio. El gobierno decretó estado de emergencia en los primeros días de las intensas manifestaciones y la capital estuvo bajo toque de queda durante una semana.
“Más represión no resolverá injusticias sociales a la cuales por años hicieron vista gorda. Solo provocará más violencia”, dijo en Twitter el alcalde de la ciudad portuaria de Valparaíso, Jorge Sharp del bloque opositor de izquierda Frente Amplio.
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En medio del estallido social también han surgido numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas del orden. El miércoles, la fiscalía dijo que abrirá una investigación por torturas contra 14 policías.
