Bogotá, 19 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que acata pero no comparte la decisión del Consejo de Estado de suspender su decreto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, y afirmó que se siente «irrespetado» e interpondrá «los recursos de ley».
«Acato la decisión como demócrata, pero me siento irrespetado; interpondré los recursos de ley», escribió en X el mandatario.
Petro se pronunció tras ser notificado de la suspensión del llamado «decretazo» por parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, medida adoptada como respuesta a una solicitud de urgencia presentada por doce congresistas, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda.
El presidente aseveró que la decisión del miércoles de la Sección Quinta del alto tribunal vulnera sus «derechos constitucionales surgidos del voto popular mayoritario» y suspende «la voz del soberano supremo de la nación: el pueblo».
«No la comparto dado que, respectivamente al presidente se le quita su poder constitucional y al pueblo sus derechos convencionales como elector y ahora transitoriamente como el mayor poder legítimo de la nación, en la sección quinta (sic)», expresó.
El mandatario acusó a los magistrados de «sacrificar lo sustancial, privilegiando la forma» y agregó: «La Constitución dice que lo sustancial domina la forma».
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«La demanda que el senador Efraín Cepeda, autor de la demanda, en su derecho, tuvo más peso que los argumentos del presidente de la República en la Sección Quinta, que ni siquiera han sido tenidos en cuenta, ha resultado en suspensión de un decreto presidencial que clama por la voz del soberano popular», sostuvo.
Petro explicó que había solicitado a la Sección Quinta del Consejo de Estado que el caso sobre su «decretazo» fuera «resuelto en sala plena, pues ni más ni menos se trata de una convocatoria al soberano popular, y se unificara jurisprudencia».
Aseguró, también, que la Corte Constitucional es el «juez natural para estudiar de manera exclusiva la constitucionalidad del decreto 0639».
El polémico «decretazo»
Petro cumplió la semana pasada la promesa que venía anunciando desde hacía tiempo y firmó el decreto que convoca una consulta popular sobre su reforma laboral, una medida que desató una oleada de críticas y demandas ante el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y otras instancias, por parte de opositores y juristas que la consideran inconstitucional, al requerir el aval del Congreso.
El presidente izquierdista acudió a esta vía después de que su reforma laboral fuera archivada en marzo por una comisión del Senado y que, en mayo, el pleno de esa cámara rechazara su solicitud de convocar a una consulta popular para que la ciudadanía decidiera sobre los cambios en las leyes laborales.
Petro consideró que se hizo «trampa» en esa votación senatorial y firmó el «decretazo» para convocar al pueblo a las urnas el próximo 7 de agosto, día en que cumple tres años en el cargo.
Una de las demandas contra el decreto fue presentada por el opositor Cepeda, del Partido Conservador, junto a otros once congresistas, quienes pidieron su nulidad al considerar que el presidente no contaba con el concepto previo favorable del Senado, requisito necesario para avanzar con este tipo de convocatoria.
El miércoles, la Sala Quinta del Consejo de Estado les dio la razón y suspendió temporalmente el decreto, al señalar que, en efecto, «previo a convocar al pueblo una decisión de transcendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe».
Pese a la tensión y la polarización política desatada por esta disputa, el Senado aprobó esta semana, a última hora, la reforma laboral, que este viernes pasará a conciliación con el texto aprobado previamente por la Cámara de Representantes.
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