La Paz, 10 abr (EFE).- Distintos gremios periodísticos bolivianos informaron este lunes que enviarán una carta al vicepresidente del país, David Choquehuanca, para que se elimine un artículo conocido como «mordaza» de un proyecto de ley por atentar contra la libertad de expresión y por el que se mantienen en estado de emergencia.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y las asociaciones departamentales señalaron que le harán conocer a Choquehuanca, en calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, su rechazo al artículo «mordaza».
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, dijo que con ese artículo se intenta «penalizar el periodismo».
«Hemos sustentado jurídicamente y hemos manifestado que esta iniciativa constituye un grave atentado a la libertad de expresión, que es un fundamento esencial en la democracia. No solo afecta al periodismo, sino que afecta a un derecho fundamental de la ciudadanía, como es la libertad de expresión», señaló Alanes.
En la misiva las asociaciones de periodistas exigen que se elimine el párrafo que hace referencia a la prensa y que se «excluya a los periodistas de la figura penal e incitación al racismo o a la discriminación», ya que según los gremios «suprime la garantía constitucional de los tribunales de imprenta».
«Es un nuevo intento de afectar al periodismo. Nuevamente hay penas de cárcel para los periodistas por situaciones que afectan a toda la sociedad boliviana. La manera ambigua como está redactada la norma nos pone a todos en riesgo», expresó el presidente de la APLP, Raúl Peñaranda.
El artículo en cuestión es el 281 que se encuentra en el proyecto «Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos».
En dicho artículo se menciona que serán sancionados con tres a siete años de prisión las personas que difundan por cualquier medio ideas basadas en la superioridad racial, que promuevan o justifiquen el racismo, que se difundan discursos de odio o cuando el hecho sea sometido por un trabajador de un medio de comunicación o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló este fin de semana que el Gobierno boliviano garantiza la libertad de expresión y de prensa en el país y que no se analizará una norma que vulnere esta situación, por lo que este proyecto será socializado.
Además, sostuvo que el artículo ya está en la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación que está vigente por varios años.
