Bogotá, 7 nov (EFE).- Al menos 2.893 personas de una zona rural del departamento colombiano del Chocó se desplazaron y confinaron por un «paro armado» decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los combates entre esta guerrilla y las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), alertó este martes la Defensoría del Pueblo.
«No pueden utilizar el río Baudó ni los acostumbrados afluentes para llegar hasta sus cultivos, prácticamente su único medio de sustento, es una situación humanitaria que completa más de 48 horas, lo cual agrava y vulnera sus derechos fundamentales», aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado.
Este es el sexto «paro armado» del año en el departamento que forma parte del Pacífico colombiano promovido por el grupo alzado en armas, cuya afectación se extiende a 20 comunidades afro e indígenas.
En los «paros armados» las guerrillas restringen el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques, y solo permiten el paso de ambulancias, vehículos fúnebres y misiones humanitarias, lo que hace que en varios pueblos escasean alimentos y otros artículos.
El ELN, que desde el año pasado sostiene conversaciones de paz con el Gobierno de Colombia y tiene vigente un cese el fuego, promueve un «paro armado» de 72 horas que, según la Defensoría, obligó al confinamiento y desplazamiento de 714 núcleos familiares (2.893 personas) en la zona norte rural del municipio del Alto Baudó.
«A través de nuestra Regional Chocó hicimos la debida solicitud, que fue atendida por la Alcaldía del Alto Baudó. Necesitamos que los entes competentes implementen con carácter urgente planes para atender a las comunidades afectadas no solo por el paro armado del ELN, sino por combates entre ese grupo guerrillero y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia», indicó Camargo.
El nuevo paro armado del ELN, impulsado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, sexto del año que «decreta» en el departamento, además de las afectaciones originadas por otros grupos armados ilegales, incluido el Clan del Golfo, ha desencadenado en lo que va de 2023 cuatro eventos de confinamientos masivos, además de algunos desplazamientos, también colectivos, en el Pacífico Sur, una de las cinco subregiones del Chocó.
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«Necesitamos que las autoridades nacionales, departamentales y locales atiendan lo que ahora mismo está sucediendo. Las comunidades no pueden seguir viendo vulnerados sus derechos por la no atención y respuestas tardías de las instituciones públicas», enfatizó el defensor del pueblo al referirse al «paro armado» del ELN que comenzó el domingo pasado.
