Prensa OVV Mérida
Ya no resulta una novedad afirmar que Mérida es la entidad de Venezuela con la mayor tasa de muertes por suicidio y que este indicador suele ser numéricamente el doble en relación con la cifra nacional.
Recientemente el Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida) estimó que esta entidad muy probablemente, en 2022, exhibió una tasa de entre 15 y 16 suicidios por cada 100 mil habitantes (tasa estimada y corregida tomando en cuenta el subregistro de casos). Valga recordar que ese mismo año la tasa promedio para Venezuela -estimada también por el OVV Mérida y ajustada al subregistro de casos- fue de 7,7 muertes por suicidio por cada 100 mil habitantes.
Lo que sí parece seguir inquietando no sólo al ciudadano común, que habita en el turístico estado andino, sino también a los profesionales de la salud mental, a los científicos sociales, a los cuerpos de seguridad y a los entes de gobierno, es no tener una certeza o si se quiere una mayor precisión con respecto a las causas que motivan este comportamiento suicida. Dicho de otra manera: urge seguir aproximándose a los factores de riesgo de la violencia autoinfligida.
El OVV Mérida desde 2017 ha venido desarrollando investigaciones que apuntan no sólo a registrar la violencia autoinfligida, sino a contribuir con la develación de sus causas. Estos aportes se suman a los que han generado otros sectores y especialistas en el estado Mérida.
Por ello, en su más reciente abordaje científico del comportamiento suicida, el equipo de investigación emprendió -durante octubre de 2022 y abril de 2023- un estudio para aproximarse a identificar y comprender los posibles factores de riesgo asociados a comportamientos suicidas, que estarían posiblemente detrás de la violencia autoinfligida que durante décadas ha prevalecido en el estado Mérida. Dado que los anteriores abordajes del problema revelaron una mayor ocurrencia en las zonas del campo, se optó por estudiar la realidad en los municipios con connotación rural.
Más claridad sobre los factores
El geógrafo Gustavo Páez, coordinador del OVV Mérida y líder del equipo que emprendió la investigación, informó que entre los factores de riesgo encontrados -que estarían detrás de la violencia autoinfligida- figuran los problemas sentimentales y probables padecimientos de depresión y ansiedad. Ambas causales ocupan los dos primeros lugares (en suma 20,4%), “lo que indica que en el ámbito rural serían los dos principales factores que hay que atacar”, recomendó el profesor Páez, apuntando hacia la importancia de la actuación sobre el problema, desde la perspectiva de la políticas públicas.
El estudio también determinó que en tercer lugar resalta la presencia o disponibilidad de los agroquímicos como sustancias de fácil acceso empleadas para atentar contra la vida (7,7%). Un cuarto factor desencadenante de comportamientos suicidas son los problemas familiares (6,2%).
El abordaje investigativo también advirtió que se aprecia una aparente falla en dos factores, que deberían ser de protección, pero si no apuntan en positivo, se podrían convertir en “factores de riesgo”: se trata del apoyo familiar y del círculo de amigos (ambos suman 6,9%). Otro factor que hay que prestarle atención son otros aparentes padecimientos de trastornos mentales diferentes a depresión y ansiedad, se trata de posibles casos de esquizofrenia, bipolaridad u otros. En conjunto todos los trastornos mentales identificados en la investigación suman 13,5%.
Pero los investigadores se apresuran a atajar cualquier lectura simplista de un problema al que califican como “muy complejo”. Por ejemplo, indican que el estudio detectó un cierto número de factores que posiblemente estén conectados a la crisis-país y que se muestran como pérdidas económicas (quiebre de negocio o finca, pérdida de trabajo), pero también “no se consigue empleo, el dinero no alcanza para vivir, no se puede comprar alimentos, existe una marcada pobreza y migración de familiares o amigos”, aspectos en los que ahondó el coordinador del OVV Mérida sobre las causas. Todos estos factores de riesgo de la violencia autoinfligida, vinculados a la precariedad económica, suman en conjunto 21,6%.
¿Cómo se llegó a estos datos?
El profesor Páez aclaró que la información que recaba el OVV Mérida es producto de la aplicación de procedimientos investigativos y este estudio reciente no fue la excepción. “Desde el punto de vista metodológico, para la obtención de la información, se planteó y aplicó una encuesta por muestreo -bajo un tipo de muestreo no probabilístico de tipo intencional- dirigida a personas adultas de 20 años o más que tuviesen conocimiento de casos de intento de suicidio o de muertes por suicidio en familiares y/o conocidos”.
Además, por enfocarse la indagación en el ámbito rural, el equipo de investigación estableció unos criterios que permitieron seleccionar el conjunto de municipios a estudiar. En ese sentido, los municipios que se definieron como rurales y que se estudiaron resultaron ser 17 en total: Andrés Bello, Antonio Pinto Salinas, Aricagua, Arzobispo Chacón, Caracciolo Parra y Olmedo, Cardenal Quintero, Guaraque, Julio César Salas, Justo Briceño, Miranda, Obispo Ramos de Lora, Padre Noguera, Pueblo Llano, Rangel, Rivas Dávila, Tulio Febres Cordero y Zea.
La encuesta se aplicó, en unos casos, de forma virtual, y en otros, de forma presencial. La muestra estuvo constituida por un total de 80 casos -entre intento y suicidios- más 16 encuestas realizadas sobre la percepción de las personas en relación a los factores de riesgo que conducen a las personas de sus comunidades a comportamientos suicidas.
Casos y rostros
Para efectos del estudio, de la cifra global de casos conocidos por medio de la encuesta (80), el 60% se trató de muertes por suicidio y el restante 40% de intentos. Vale insistir que todos los casos se ubicaron en los ya mencionados municipios rurales del estado Mérida.
En función de precisar las características de quienes están detrás de los números y porcentajes, los investigadores del OVV precisaron que, como era de esperarse, los hombres concentraron el mayor porcentaje con 67,5%.
“En cuanto a la edad -especificó el profesor Gustavo Páez- los adultos (30-64 años) exhiben el valor mayor (35,0%), número que era lógico esperar por ser el grupo población más numeroso; no obstante, llama mucho la atención que los jóvenes (18-24 años) y adolescentes (12-17 años) se ubiquen en el segundo y tercer puesto, respectivamente. Los primeros totalizan 17 casos (21,3%) mientras que los segundos 16 (20,0%), en conjunto con los adolescentes, superan a los adultos (41,3% versus 35,0%), siendo que estos últimos aglutinan 35 edades, entre tanto aquellos solo agrupan 13”. Para el investigador, estos datos están indicando que la frecuencia de la violencia autoinfligida en jóvenes y adolescentes merideños del ámbito rural es mucho mayor que la de los adultos y el resto de grupos poblacionales (niños, niñas, adultos jóvenes y adultos mayores). En otras palabras, las tasas están siendo superiores en los grupos etarios más jóvenes.
En relación a la ocupación de las personas, los agricultores son los que muestran el valor mayor (43,8%), mientras que los estudiantes se ubican en el segundo puesto (25%). En el tercer lugar, alejadas numéricamente de aquellos dos primeros, se ubican las amas de casa (7,5%).
Es importante indicar que el elevado porcentaje en agricultores podría encontrar en parte su explicación debido a que los municipios donde se desarrolló el estudio se especializan en actividades agrícolas y pecuarias, una condición que tiene serias implicaciones económicas y sociales ya que se trata de sectores de la economía susceptibles a ser afectados por una amplia gama de variables, desde naturales (clima, disponibilidad de agua, condiciones favorables en los suelos, presencia de enfermedades en los cultivos o animales de cría, entre otras) hasta sociales, económicas y político-institucionales (disponibilidad de mano de obra, situación de la vialidad, economía estable, procesos inflacionarios, políticas de Estado en materia agrícola, entre otras). Si alguno de esas variables se manifiesta de forma negativa, los agricultores pueden ver comprometido su patrimonio y esto, consecuentemente, pudiera derivar en inestabilidades emocionales.
Jóvenes en riesgo
Otro ejemplo -además del referido a los agricultores- del impacto que los problemas emocionales tienen como desencadenantes de comportamientos suicidas, aparece en el caso de los estudiantes (la mayoría adolescentes). “En este grupo las rupturas sentimentales generan fuertes impactos emocionales, donde la impulsividad -que es un rasgo característico de estas edades- puede conducir a algunos a comportamientos suicidas”, precisó Gustavo Páez.
También el investigador se refirió al bullying y expresó que este es también otro aspecto que está presente en varios casos documentados (4 en total). Adicionalmente, los conflictos familiares y casos de depresión, son otros dos factores descifrados en estas edades. Además, se agregan a la lista varios casos de estudiantes jóvenes y adultos jóvenes (18 a 29 años) donde al parecer problemas con la pareja, el no poderse atender con un especialista (psicólogo o psiquiatra) y el padecimiento de algún trastorno mental, son los factores más comunes.
Para Gustavo Páez, la culminación de esta nueva investigación reveló que los datos recabados coinciden “con los factores esbozados -a manera de hipótesis- por médicos comunitarios, psicólogos y psiquiatras merideños entrevistados en diferentes momentos (2019, 2022) y que hemos reseñado en distintas investigaciones realizadas por el OVV Mérida”.
Es decir, para el OVV está claro que el estudio no sólo ratifica hallazgos previos en el ámbito rural, sino que da luces, al menos en parte, sobre los factores que explican la singularidad y especificidad de Mérida como la entidad que durante muchos años ha exhibido la mayor tasa de muertes por suicidio de Venezuela.
Además, un beneficio derivado de la reciente investigación es que sirve de base para las autoridades en materia de salud pública, en la toma de decisiones en cuanto al diseño y ejecución de políticas públicas para abordar de manera particular cada factor -con acciones, medidas y/o estrategias- y apuntar, en la medida de lo posible, a la disminución del impacto que estos generan sobre las personas -de diferentes edades, sexo, ocupación y municipios- y que las conducen de forma individual a comportamientos suicidas. / Prensa OVV /AS – CNP:8965
