El presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, defendió este martes 10 de noviembre la recién aprobada reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y descartó que los cambios impliquen una privatización del sector, aunque permitirán la participación de empresas privadas en la generación, importación y comercialización de energía en Venezuela.
En declaraciones a los medios de comunicación, Rodríguez aseguró que las tarifas eléctricas estarán indexadas a la moneda de mayor valor (el euro), pero precisó que la reforma contempla un régimen de subsidios para quienes «no puedan pagar el precio pleno del servicio».
El diputado explicó que la modificación legislativa permitirá que el sector privado también pueda prestar el servicio eléctrico, principalmente a grandes consumidores. “También pueda proporcionar el servicio, (…) sobre todo a los grandes consumidores, a las industrias, a los centros comerciales”, señaló al referirse a las posibilidades que abrirá la nueva legislación.
Reforma aprobada
La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó este martes en segunda discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, un instrumento que introduce cambios en la organización y funcionamiento del sector energético venezolano.
El proyecto recibió aprobación en primera discusión en junio de 2026 y contempla modificaciones a la legislación vigente, así como la incorporación de nuevos artículos.
El proyecto fue aprobado en primera discusión en junio de 2026 y contempla modificaciones a la legislación vigente, así como la incorporación de nuevos artículos. Durante el proceso parlamentario, la discusión en segunda instancia fue aplazada en varias oportunidades mientras los diputados revisaban el contenido de la propuesta.
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Tras su aprobación definitiva en el Parlamento, la reforma será enviada a la Presidencia de la República para su firma y posterior promulgación.
Sanciones
La ley advierte que las empresas serán objeto de sanciones de hasta un 2 % de sus ingresos brutos «correspondientes a los doce meses anteriores al mes en que se hubiere cometido la infracción» por hechos como el incumplimiento de normas aplicables a instalaciones, de instrucciones y del «deber de suministrar a la autoridad competente la información que esta solicite», entre otros.
Además, será motivo de sanción la «negativa injustificada a permitir las verificaciones e inspecciones».
El texto también establece penas de dos a cinco años de prisión por el hurto de equipos y de dos a seis años por hurto de «energía eléctrica con fines de lucro mediante conexiones de más de 5.000 kilovatios hora al mes no autorizadas por la empresa operadora».
Venezuela sufre una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha generado protestas en distintos estados del país.
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