El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes 19 de octubre la muerte de otro recluso bajo custodia del Estado, quien fue identificado como Jaime Alirio Vásquez Saldarriaga, de 68 años de edad.
De acuerdo con el OVP, el recluso falleció durante este mes mientras se encontraba recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo Francisco Delgado, antiguo retén de El Marite, en el estado Zulia. La organización señaló que el hombre padecía VIH y cirrosis hepática, entre otras enfermedades.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes 19 de octubre la muerte de otro recluso bajo custodia del Estado, quien fue identificado como Jaime Alirio Vásquez Saldarriaga, de 68 años de edad.
De acuerdo con el OVP, el recluso falleció durante este mes mientras se encontraba recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo Francisco Delgado, antiguo retén de El Marite, en el estado Zulia. La organización señaló que el hombre padecía VIH y cirrosis hepática, entre otras enfermedades.
A través de una publicación en la red social X, el OVP exigió que se investiguen las circunstancias del fallecimiento y que las autoridades garanticen atención sanitaria oportuna a los internos. La organización advirtió que mantener bajo custodia estatal a personas con enfermedades graves sin proporcionarles tratamientos ni medicamentos las expone a complicaciones que pueden poner en riesgo sus vidas.
En ese mismo centro de reclusión en Zulia, el OVP denunció la muerte bajo custodia del Estado de Santiago Elvis, el lunes 21 de septiembre. De acuerdo con el organismo, el preso falleció en el Hospital Universitario de Maracaibo, a donde fue trasladado por presentar insuficiencia respiratoria producto de una supuesta tuberculosis.
Hacinamiento y deficiencias sanitarias en El Marite
El OVP indicó que el centro penitenciario alberga a más de 1.100 presos, a pesar de que tiene capacidad para 659 personas, lo que representa un hacinamiento superior al 66,9 %. A esta situación se suman denuncias sobre mala alimentación, condiciones de reclusión inhumanas y deficiencias en la atención médica, factores que agravan la vulnerabilidad de la población reclusa.
La organización hizo especial énfasis en los riesgos que enfrentan los internos que viven con VIH y señaló que la falta de tratamiento antirretroviral puede tener consecuencias mortales. En ese sentido, cuestionó la ausencia de respuestas institucionales ante las denuncias sobre las condiciones de salud en las cárceles venezolanas.
El observatorio también responsabilizó a las instituciones del Estado por la falta de garantías para la atención de los reclusos. Según la denuncia, el Ministerio Público no investiga estos casos, la Defensoría del Pueblo mantiene silencio y el Ministerio para el Servicio Penitenciario evade su responsabilidad de proteger la salud y la vida de las personas privadas de libertad.
Ante este escenario, el OVP reiteró su exigencia de que se esclarezca la muerte de Vásquez Saldarriaga y se garantice el acceso a consultas médicas, tratamientos y medicamentos dentro de los centros de reclusión. La organización sostuvo que las personas privadas de libertad no deben morir por falta de atención sanitaria y pidió medidas para evitar que se repitan casos similares.
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