El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hace un llamado a las autoridades venezolanas para frenar la tuberculosis en las cárceles y calabozos policiales del país. La inacción del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la falta de atención médica oportuna convierte los centros de reclusión en espacios donde una enfermedad prevenible se traduce en muertes.
En el OVP se han recibido testimonios de familiares que refieren de personas privadas de libertad con tuberculosis con dificultades para acceder al tratamiento médico.
Frente a esta situación sostenida la organización exhorta al Estado a implementar de manera inmediata un plan sanitario:
- Rastreo y cerco epidemiológico inmediato: Ante cada sospecha de caso de tuberculosis se debe activar un cerco que identifique, aísle y evalúe con pruebas rápidas a todos los contactos de celda, custodios y personal de seguridad.
- Aislamiento respiratorio y tratamiento: Aislar a internos sintomáticos y garantizar la administración de las medicinas.
- Descongestionamiento: Adecuar la infraestructura carcelaria con ventilación natural o mecánica obligatoria y resolver el hacinamiento crítico que acelera la propagación aérea del bacilo.
- Tamizaje obligatorio de ingreso: Evaluar clínicamente a toda persona privada de libertad y realizar jornadas periódicas de detección en pabellones.
- Garantía de atención médica: Abastecer áreas de salud con medicamentos e insumos de protección, eliminando la traba burocrática para trasladar a detenidos graves a hospitales generales.
Responsabilidades
El OVP recuerda que tras la privación de libertad de un hombre o una mujer, cualquier deterioro grave de salud o fallecimiento bajo custodia es responsabilidad del Estado.
Las muertes por tuberculosis configuran delitos de omisión de socorro, cuyos responsables abarcan desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario hasta los directores de recintos, comandantes de comisarías y personal médico u operativo que niegue insumos o impida traslados de emergencia.
De igual forma, alcanza a los directores de cárceles, jefes de comisarías y al personal médico y de custodia que haya incurrido en la omisión de atenciones, negación de insumos o bloqueo de traslados hospitalarios
Ante esta realidad, el OVP elevará ante el sistema de Naciones Unidas, incluyendo el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud, y ante el Sistema Interamericano.
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Asimismo, el OVP enfatiza la recomendación clave a los familiares de conservar toda prueba documental o testimonial que respalde los reclamos de justicia.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones / Foto generada con IA
