Bogotá, 7 may (EFE).- La Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó este miércoles la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, según medios locales, como parte de la investigación contra Name, de la Alianza Verde, y Calle, del Partido Liberal, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
En mayo del año pasado, el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla reveló que el dinero de la UNGRD fue usado en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle cuando eran presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
Ese dinero supuestamente fue desviado del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque además los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.
En esas contrataciones de la UNGRD, explicó el año pasado la Corte, los congresistas «habrían intervenido» como «presidentes del Senado y la Cámara de Representantes» y «habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres».
«Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales (de 2023)», detalló entonces la Corte.
Mayor escándalo del Gobierno
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero del año pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.
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Entre los señalados figura el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con el exdirector de la UNGRD Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 21,4 millones de dólares de hoy) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
Igualmente el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia Carlos Ramón González, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, fue señalado por la Fiscalía como la persona que en 2023 ordenó el pago de sobornos a dos importantes congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
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