Caracas, 7 dic (EFE).- El periodista Leocenis García se convirtió este jueves en el primer opositor en acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a pedir que le sea revisada la inhabilitación que le impide competir en elecciones, luego de que el Gobierno y la oposición acordaran un mecanismo para la eventual resolución de estos casos, de cara a las presidenciales de 2024.
«Celebro lo que está pasando. Animo a los más de 1.200 inhabilitados en todo el país a que asistan al TSJ», dijo a periodistas García, líder del partido Prociudadanos, antes de ingresar a la Sala Político Administrativa del Supremo, la encargada de evaluar estas peticiones.
García recordó que ha estado «ocho veces preso» en los últimos 25 años, cuando se ha opuesto al Gobierno chavista, y lleva «dos años inhabilitado», desde que se postuló para el cargo de alcalde de Caracas.
Aunque aseguró que su sanción carece de argumentos jurídicos, ve este procedimiento como un «voto de confianza» y una oportunidad para reconocer a las instituciones y que las autoridades reconozcan a los adversarios políticos.
El periodista recomendó a la candidata de la principal coalición opositora, María Corina Machado, acudir al TSJ, para ser coherente con lo acordado entre el bloque que ella lidera, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y el Ejecutivo de Nicolás Maduro en las negociaciones.
Machado manifestó ayer que no tiene «nada que recurrir» ante el TSJ, «por ahora», para que la habilite para participar en las elecciones presidenciales de 2024, para las que, actualmente, está vetada por decisión de la Contraloría General.
La exdiputada aseguró, en rueda de prensa, que no ha cometido «ningún delito» y que «no hay ningún acto» que pueda recurrirse, porque -subrayó- «ni siquiera» ha sido notificada de su inhabilitación, que data de 2015 y fue extendida, recientemente, hasta 2030, lo que le impide inscribirse a los comicios del próximo año.
El pasado 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones políticas a opositores, un mecanismo que, en opinión de Machado, «plantea restricciones a libertades» que son «inaceptables».
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