Caracas, 8 oct (EFE).- La oposición venezolana exigió justicia este sábado al cumplirse cuatro años de la muerte del concejal Fernando Albán, quien se encontraba detenido y por lo que fueron condenados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
La exdiputada y miembro del partido Primero Justicia (PJ) Yajaira Forero indicó en un comunicado de prensa que es necesario presentar ante las autoridades y la justicia a la cadena de mando del Sebin y no solo a los funcionarios de «bajo rango».
«Exigimos que la cadena de mando del Sebin también responda ante las autoridades y ante la justicia. Nadie merece morir como murió nuestro hermano Fernando Albán tal día como hoy», apostilló.
Igualmente, el opositor venezolano Juan Guaidó recordó la muerte de Albán en su cuenta de Twitter, al tiempo que exigió justicia para las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por su parte, el antichavista Julio Borges sostuvo en la red social que seguirán acompañando a los familiares de Albán en «su lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Sabemos su sufrimiento y lo difícil que ha sido recomponerse de esta irreparable pérdida».
En diciembre pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por el homicidio de Albán, quien falleció en prisión al caer de un décimo piso.
Fernando Albán murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin en Caracas, donde permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones, contra el presidente Nicolás Maduro.
Saab detalló que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán.
Entonces, aseguró que «fue un asesinato» y denunció la existencia de «contradicciones» en los relatos que ofrecieron posteriormente portavoces del Gobierno y varios ministros.
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El caso del concejal se encuentra detallado en un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU.
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