Bogotá, 26 feb (EFE).- Pese a que muchas cifras de violencia aumentaron el año pasado en Colombia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que el país está en un camino de paz desde que se firmó el acuerdo con las FARC en 2016, pero debe evitar un retroceso mayor que lo lleve de vuelta a sus peores años de conflicto.
«Creo que hoy no estamos en una situación de derechos humanos como la que había antes del acuerdo. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero nuestro informe describe diferentes violaciones de derechos humanos que son indicadores de que hay riesgo de un retroceso», expresó Campbell en una entrevista con EFE.
Su despacho presentó este jueves el informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que según el diplomático, apunta a «prevenir que Colombia vuelva a la situación que había antes de 2016» por el aumento de los desplazamientos forzados y los asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otros.
Violencia que no cesa
El informe señaló que en 2025 el conflicto «afectó agudamente» varias regiones del país, como el Catatumbo (noreste), Magdalena Medio (centro) y la Sierra Nevada de Santa Marta (norte), así como los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
Los grupos armados han provocado en estas zonas desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.
En ese sentido, Campbell destacó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 87 alegaciones de masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, 16 revisadas y 18 consideradas «no concluyentes», lo que significa una disminución del 15 % frente a los casos de 2024.
Estas matanzas son cometidas en su mayoría «por los grupos armados no estatales por razones de control territorial, control sobre la sociedad para intimidar y, sobre todo, para garantizar acceso a sus rutas para las economías ilícitas».
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«Ese es un dato (el de la disminución de las masacres) muy positivo, pero al mismo tiempo hay aumento de desplazamiento el año pasado, un 85 % en comparación con 2024; hay más confinamiento, y hay más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, un aumento de un 11 %», expresó.
En términos de desplazamiento, el notorio crecimiento estuvo impulsado por la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
El confinamiento, entre tanto, aumentó un 12 %, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Bolívar, con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes como principales víctimas.
Ese encierro fue provocado por los paros armados de grupos como el ELN que restringen las actividades económicas básicas de las comunidades.
Erosión del liderazgo social
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales pudo confirmar 99.
En 39 casos las personas eran defensoras pero no se pudo determinar un nexo causal entre el homicidio y su labor, mientras que 69 alegaciones fueron consideradas como no concluyentes.
«Esto es un problema con causas estructurales, causas profundas, que no son fáciles de resolver», manifestó Campbell, quien señaló que el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, «ha hecho avances» en aspectos como las «garantías para personas defensoras de derechos humanos».
Sin embargo, el representante de la ONU afirmó que falta «implementación de estas políticas» y de otras como la de «desmantelamiento del control de los grupos armados no estatales» en algunas zonas del país.
«Tienen un control sobre la sociedad y el territorio y un resultado (de esto) es una tasa de homicidios de personas defensoras de derechos humanos muy alta, completamente inaceptable», expresó.
Campbell recordó que la protección de defensores de derechos humanos es una obligación del Estado, según el derecho internacional humanitario (DIH) por lo que insta al Gobierno de Petro, que termina el próximo 7 de agosto, a «tomar acciones más concretas para implementar estas políticas».
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