Caracas, 4 nov (EFE).- La asociación de ONG Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento afirmó este lunes que los titulares de la Fiscalía General, Contraloría y Defensoría del Pueblo «deberán ser investigados» por «su responsabilidad» en las «violaciones de derechos humanos» y «los delitos contra la humanidad ocurridos bajo su gestión».
A través de un comunicado, la agrupación aseguró que la gestión del fiscal general, Tarek William Saab, ha «sido distinguida» por las «violaciones al debido proceso» tanto de los detenidos por «delitos comunes» como de «los presos políticos».
Asimismo, señaló «la absoluta ausencia de independencia respecto al poder Ejecutivo y el uso de recursos públicos con fines personales» en la gestión de Saab, quien fue recientemente ratificado como fiscal y está en el cargo desde 2017.
La asociación recordó que, según concluyó la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela en 2021, fiscales desempeñaron «un papel directo en los casos de detenciones arbitrarias, omitiendo actuar como contrapeso de otras autoridades del Estado», mientras que la Fiscalía «se abstuvo de actuar cuando presenció, o tuvo conocimientos, de actos de tortura contra los detenidos».
En el caso del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, Movimiento manifestó que su gestión «ha transcurrido en la peor etapa para los derechos humanos en Venezuela» y se ha caracterizado por «omisiones» y «silencio», sin «ningún tipo de independencia respecto a otros poderes, especialmente de las actuaciones del Ministerio Público (Fiscalía)».
«A pesar que por ley preside la Comisión Nacional Contra la Tortura, no se conoce que se haya iniciado investigación por alguna de las denuncias de tortura presentadas en esa institución o por denuncia pública, pues la ley le faculta para actuar por iniciativa propia», aseguraron las organizaciones.
Ruiz, titular de la Defensoría desde 2017, fue recientemente ratificado en su cargo, lo que para la coalición «es inconstitucional», pues recordó que la Constitución establece que las designaciones para ese puesto se realizarán «por un único período de siete años».
Por su parte, Gustavo Vizcaíno, nombrado nuevo contralor general, fue director del Servicios Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), institución que, según las ONG, «ha anulado» pasaportes de «más de un centenar de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes políticos y sociales».
Las ONG destacaron que tras las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el ente electoral otorgó la victoria al presidente Nicolás Maduro -que la mayor coalición opositora considera fraudulenta-, «estas violaciones no sólo se han mantenido, sino que se han agravado en su naturaleza y magnitud».
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