Caracas, 18 dic (EFE).- La ONG venezolana Acceso a la Justicia dijo este lunes que espera que la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en el país caribeño, cuya apertura está prevista para el próximo año, tenga una comunicación «permanente y directa» con la sociedad civil.
En una nota de prensa, señaló que las «diferentes organizaciones de derechos humanos y las víctimas o sus familiares» pueden «brindar información relevante sobre el avance de sus casos en las instancias nacionales del sistema de justicia», lo que considera «fundamental a los efectos de la complementariedad».
«La Fiscalía debe contar con la voz de las víctimas, sus familiares, abogados y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes interactúan directamente con el sistema de justicia venezolano», señaló la ONG.
En junio de este año, el fiscal de la CPI, Karim Khan, confirmó la apertura de una oficina de asistencia técnica en Venezuela, con la firma de un memorando de entendimiento suscrito en Caracas con el mandatario Nicolás Maduro.
El fiscal adelantó entonces que él y su equipo visitaron el local en el que será instalada la oficina, un paso que, aseguró, permitirá una mayor colaboración «para garantizar que haya más justicia» en la nación suramericana.
La inauguración de la oficina «está prevista para 2024», y permitirá «profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas, a fin de fortalecer la base para el objetivo de una acción interna significativa», según el informe anual de la Fiscalía del tribunal de La Haya.
En este sentido, Acceso a la Justicia sostuvo que debe tomarse en cuenta «de manera activa, directa y permanente» a la sociedad civil y a las víctimas, pues «estas últimas son la razón de ser de la Corte Penal Internacional».
El pasado junio, la CPI autorizó al fiscal a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que los «procesos penales internos» de Caracas «no reflejan suficientemente el alcance» del caso y hay «periodos de inactividad inexplicables».
Por su parte, el Gobierno de Maduro aseguró en noviembre que el caso sobre su país «ha sido fraudulentamente» creado «a través de una serie de erráticas acciones por parte de la Fiscalía» de la CPI, con «motivaciones políticas» y «ningún soporte jurídico».
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