Bogotá, 14 abr (EFE).- La ofensiva de la fuerza pública contra grupos armados ilegales en Colombia aumentó un 34,5 % en 2025, en lo que analistas interpretan como un giro en las decisiones políticas y operacionales del Gobierno del presidente Gustavo Petro ante los limitados resultados de su política de «paz total», según la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Un análisis de la FIP publicado este martes, revela que las acciones militares y policiales pasaron de 174 en 2024 a 234 en 2025, con un aumento de bombardeos, capturas y operaciones contra economías ilegales en varias regiones, incluidas las fronteras con Venezuela y Ecuador.
El cambio de ritmo coincide con el nombramiento del general retirado Pedro Sánchez Suárez como ministro de Defensa en marzo de 2025 y con ajustes en la cúpula militar orientados a recuperar el control territorial, en un contexto de presión internacional por resultados contra el narcotráfico y de exigencias políticas internas intensificadas por las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo.
«Este viraje responde a una combinación de factores, entre ellos el desgaste del modelo de negociación con grupos armados, que ha mostrado resultados limitados frente al deterioro de la seguridad», indica el director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, Javier Flórez.
Durante el mandato de Petro las zonas en disputa entre grupos armados ilegales casi se duplicaron y su número de integrantes aumentó un 85 %, superando los 27.000 miembros entre combatientes y redes de apoyo, indica la FIP.
Resultados insuficientes
Entre los resultados se incluyen operaciones contra mandos de disidencias de las FARC, capturas de jefes financieros, desarticulación de redes criminales y la destrucción de decenas de laboratorios para el procesamiento de drogas, así como la incautación de armamento adaptado a nuevas tecnologías, como granadas para drones.
El análisis también resalta el papel del entorno internacional, en particular la cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia, tecnología y lucha contra el narcotráfico, que ha coincidido con una mayor presión sobre objetivos de alto valor.
Sin embargo, la FIP advierte que el aumento de operaciones no será suficiente para desmantelar a los grupos criminales que hoy son más «fragmentados, flexibles y diversificados en sus fuentes de financiación, con presencia en economías como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión».
En este contexto, señala que «existe el riesgo de confundir la acumulación de resultados operacionales con una transformación estructural del problema de seguridad».
La FIP sostiene que el desafío principal radica en articular la ofensiva militar y policial con una estrategia más amplia que incluya inteligencia financiera, judicialización efectiva, presencia institucional sostenida y políticas de desarrollo en las regiones.
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