Tal como estaba programado – según se desprende de nota de prensa de la Alcaldía Bolivariana de Carvajal – el pasado jueves 8 de febrero en el salón de usos múltiples “Rafael Benito Perdomo”, localizado en el sector La Horqueta de Carvajal, se llevó a cabo el taller “Ley Constitucional para la racionalidad y uniformidad en la adquisición de bienes, servicios y obras públicas y las incidencias en la Ley de Contrataciones Públicas vigentes” organizado por la Contraloría Municipal de San Rafael de Carvajal y dirigido a alcaldes, concejales, directores, presidentes de institutos autónomos, jefes de división, coordinadores, administradores, entre otros.
Correspondió a la Contralora Municipal, economista Elide Jerez Araujo, aperturar el evento -dictado magistralmente por el ingeniero Enrique Silva, auditor de obras de dicho organismo contralor- donde expresó que el objetivo fundamental de este y todos los talleres que están programados para el presente año 2018 es en función de “una gestión municipal eficiente y transparente”. En ese mismo orden manifestó su agradecimiento al alcalde Alfredo Barrios, en la persona del licenciado Omar Durán, director de Hacienda, por el apoyo técnico y logístico por parte de la Alcaldía para la realización del taller.
Este primer taller abordó las bases legales y las incidencias en las modalidades para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras públicas. Esta ley, busca actualizar los mecanismos de las contrataciones públicas y simplificar los trámites necesarios, para así evitar el burocratismo y la corrupción.
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De igual forma, señala que las instituciones del Estado contarán con un registro único de contrataciones, que contendrá los actores que participan en las contrataciones y los métodos de gestión. Para participar en las contrataciones, sólo será necesario presentar el comprobante de inscripción del registro único de contrataciones públicas, que será regulado y administrado por el Ejecutivo Nacional.
Asimismo, se establece la Unidad de Cálculo Arimético del Umbral Máximo y Mínimo (Ucau) “que será utilizada como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde, establecido por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad en los procesos de contratación pública o para el cumplimiento de condiciones o requisitos relacionados”.
