Denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y represión en Nicaragua y Venezuela generan una alerta en la mayoría de los estados miembros, excepto aquellos que respaldan los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, respectivamente
Los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegaron a Medellín para participar en la cuadragésima novena Asamblea General del organismo en un contexto marcado por la migración, la búsqueda de la democracia y crisis sociales y políticas en Centroamérica y Venezuela, que han marcado la agenda de los gobiernos del continente.
Delegaciones de 34 de los 35 Estados que la conforman -exceptuando Cuba, que si bien tiene derecho a participar, lleva 57 años por fuera de la OEA- están en la ciudad para tomar parte en las discusiones. En la agenda hay 15 proyectos de resolución en fila para ser aprobados, sesiones plenarias y un calendario de actividades que se traducen en un diálogo entre actores políticos y sociedad civil.
Las decisiones que se tomarán esta semana son la guía para las prioridades del organismo el próximo año. Para expertos y participantes del evento, estos son los puntos clave del encuentro multilateral.
Derechos humanos en crisis
Denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y represión en Nicaragua y Venezuela generan una alerta en la mayoría de los estados miembros, excepto aquellos que respaldan los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, respectivamente. Este último es el tema que divide o une a los gobiernos, dependiendo del bando que apoyan, al oficialista de Maduro, o el opositor del presidente interino Juan Guaidó.
Pero detrás de esa cuestión diplomática de reconocer o no a un mandatario, está una crisis social de un país con una economía devastada, cuya inflación para 2019 está proyectada en 10.000.000%, según el Fondo Monetario Internacional, hay denuncias de violaciones a los derechos humanos y fallecen niños por falta de atención médica como lo ha denunciado Melanie Intriago, directora de la Fundación Salvando Vidas.
Y en Managua, donde gobierna el régimen Ortega – Murillo, la situación no es lejana: hay denuncias de represión y violaciones a los derechos humanos constatadas por HRW como torturas a presos políticos.
Ambos tienen en común denuncias de persecución a opositores, activistas o defensores de derechos humanos.
Sobre este tema, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, considera que si bien es cierto se ha avanzado en el reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos, “la deuda de los Estados está en la necesidad de la creación de políticas integrales que atiendan las causas estructurales que generan un contexto de riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos”. Un punto en el que, para la experta, Colombia también toma protagonismo debido a la situación de los líderes sociales.
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Los que migran
Esas condiciones de vida adversas, con regímenes señalados de usar la fuerza contra su población civil, detonaron en un fenómeno migratorio en el sur y el centro del continente.
Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) 62 mil nicaragüenses huyeron de su país desde el estallido de la crisis -abril de 2018- hasta el mismo mes de este año.
Las cifras de Venezuela son más alarmantes. La Acnur indica que hubo cuatro millones de migrantes desde comienzos de 2016 hasta junio de 2019.
