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La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitó Venezuela desde el 19 al 21 de junio para constatar la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país.
Durante su visita se reunió con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, así como representantes de la sociedad civil, empresarios, iglesia católica, con víctimas de torturas y sus familiares.
Luego de 13 días, este jueves 4 de julio, Michelle Bachelet publicó un duro informesobre las graves violaciones a los Derechos Humanos y ejecuciones extrajudiciales que se registran bajo la mirada complaciente del régimen de Nicolás Maduro.
Bachelet resaltó que la estrategia del régimen va orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política que hace vida en el país. También reveló las graves infracciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se registran diariamente en Venezuela.
La Alta Comisionada detalló las fuerzas civiles como militares que se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura a críticos de Maduro y a sus familiares, así como violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
En el informe Bachelet puntualiza que el régimen incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
“La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto. Se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos«, indica parte del documento.
Qué dice el informe
Dos semanas después de la visita de la Alta Comisionada del organismo, Michelle Bachelet, el documento asegura que, «durante el último decenio y especialmente desde 2016», la Administración del mandatario y sus instituciones pusieron en marcha una supuesta estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
Según Caracas, en el informe «se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial».
En relación a ello, mientras el dictamen sostiene que se basa en 558 entrevistas con «víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica», el Gobierno de Maduro contrasta que el 82 % de ellas «se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela».
El informe, que abarca el período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019, resalta también «cuestiones más espinosas», entre las que menciona supuesto «uso de la tortura y el acceso a la justicia», problemáticas que, según el texto, el Gobierno de Maduro «se comprometió a solucionar».
No obstante, este jueves Caracas reprochó la omisión de información oficial en la elaboración del informe final, «a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada», y la existencia de pronunciamientos de los «Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos» en relación con el país suramericano.
Por otra parte, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó un incremento de la militarización, detenciones arbitrarias y presuntos crímenes por parte de fuerzas de seguridad y bandas armadas. Y añade que «las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada».
Al respecto, el Gobierno venezolano cuestionó severamente la metodología adoptada por la Comisión en la elaboración de ese documento y la exposición de resultados, debido a las existencia de «incontables» imprecisiones, «descontextualizaciones y falsas afirmaciones» que el Estado atribuye a «el uso inadecuado de las fuentes disponibles».
En relación a la economía venezolana, la ACNUDH señala que, si bien la crisis «comenzó mucho antes» de que se le impusieran al país sanciones, las últimas, vinculadas a la exportación de petróleo, «están agravando aún más» sus efectos. En ese sentido, la Cancillería venezolana subraya que en el informe no se menciona «sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país», principalmente por parte de EE.UU.
«La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas», concluye el organismo internacional.
