La mesa de negociación acordó incorporar a la banca privada en la administración de fondos de auxilio para los damnificados por los terremotos del 24 de junio, informó el diputado Jorge Millán, integrante de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015.
Millán indicó que las conversaciones buscan avanzar en mecanismos para la estabilización del país, la recuperación económica y la transición pacífica, así como con respuesta inmediata a los damnificados por el doblete sísmico que afectó La Guaira, Caracas, Miranda y otras entidades del país.
“El foco central debe ser la preocupación por atender a las víctimas y asegurar que el dinero de todos los venezolanos llegue a la gente para resolver sus problemas urgentes”, indicó.
El parlamentario señaló que uno de los avances de las negociaciones fue la incorporación de la banca privada al mecanismo diseñado para administrar y distribuir los recursos destinados a atender la emergencia.
“Se ha logrado la participación del sector privado, específicamente de la banca privada, para generar transparencia, establecer mecanismos de auditoría sobre los recursos y garantizar una atención efectiva y rápida a las personas”, manifestó.
Banca privada participará en control de recursos
La incorporación del sistema financiero privado busca establecer controles sobre el uso de los fondos y facilitar que la asistencia llegue directamente a las familias afectadas, especialmente las que perdieron sus casas o requieren soluciones de emergencia.
La participación de las entidades bancarias, de acuerdo con Millán, permitirá a la mesa técnica hacer seguimiento al movimiento de los recursos y reducir obstáculos operativos que habían dificultado la puesta en marcha del programa de atención a las víctimas.
La Comisión Delegada de la AN de 2015 aseguró que continuará informando sobre los avances de las conversaciones, mientras mantiene como prioridad la respuesta a la emergencia por los terremotos.
Reforma judicial entre los primeros acuerdos
La agenda de negociación incluye transformación del sistema de justicia como uno de los pasos iniciales para avanzar hacia la transición democrática y garantizar condiciones para futuros procesos electorales.
Entre los acuerdos en el primer ciclo de conversaciones figura la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y de normas relacionadas con los sistemas penal, penitenciario y de seguridad pública.
La propuesta contempla comenzar el proceso de selección de los 32 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sus respectivos suplentes. A esto se suma la reconfiguración del Comité de Postulaciones Judiciales, que incluiría a 12 representantes de la sociedad civil entre sus 23 integrantes.
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Otro de los mecanismos planteados es la creación de un consejo independiente de verificación, encargado de revisar las credenciales de los aspirantes y comprobar que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución.
La representación de la Asamblea Nacional de 2015 considera que estos cambios forman parte de una agenda más amplia orientada a recuperar la institucionalidad, impulsar la recuperación económica y avanzar hacia la transición política por la vía negociada.
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