Está clara en la responsabilidad moral y ética que tienen con la población ante la pandemia por COVID-19, pero recordó que sobre eso prevalece el derecho a la salud y la vida, pues acotó que así como la población tiene derecho a la salud, los médicos y sus familiares también
Médicos del área de aislamiento y triaje respiratorio del Hospital Central de San Cristóbal fueron advertidos que si renuncian serán buscados por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) para ser devueltos a sus lugares de trabajo y puestos a órdenes del Ministerio Público, según denunció en rueda de prensa este miércoles 15 de julio la médico general, Karina Suárez.
A las afueras de la Defensoría del Pueblo y acompañada del coordinador de Médicos Unidos Táchira, Omar Vergel y del presidente de la Fundación Redes (Fundaredes), Javier Tarazona, Suárez precisó que esta instrucción presuntamente fue dada por la autoridad Única en Salud de la entidad, Amelia Fressel.
“Si un médico quiere renunciar porque el sueldo no le alcanza para pagar la batería de exámenes y el tratamiento, si llegamos a enfermar, porque no hay material de bioseguridad disponible o suficiente para cubrir a todo el que se dirija a este hospital, bien claro se nos puso no solo a nosotros sino también al personal de enfermería, que si queríamos renunciar íbamos a estar a órdenes de Fiscalía y el Faes nos iba a buscar y llevar hasta nuestro sitio de trabajo”, expresó.
Está clara en la responsabilidad moral y ética que tienen con la población ante la pandemia por COVID-19, pero recordó que sobre eso prevalece el derecho a la salud y la vida, pues acotó que así como la población tiene derecho a la salud, los médicos y sus familiares también.
“Eso nos dicen las autoridades de los servicios, es la información que a ellos les ha llegado y cuando preguntamos qué pasa si queremos renunciar, esa es la respuesta. La autoridad única en salud fue la que estableció esa línea, porque según en área de pandemia no hay garantías”, afirmó.
50 dólares en exámenes
Karina Suárez comenzó a trabajar esta semana en el él área de aislamiento y triaje respiratorio, días durante los cuáles han contado con material de seguridad establecido para el protocolo COVID-19 del área naranja, como: guantes, batas, tapabocas N95, mascarilla quirúrgica, gorro y lentes, pero acotó que días atrás no tenían estos implementos.
Destacó que familiares de pacientes le dijeron que por la batería de exámenes preliminares, para pronóstico y manejo de la enfermedad, tuvieron que pagar 50 dólares. “Más nos asustamos porque vamos a someter a nuestras familias a pedir limosna si nos enfermamos”, acotó.
Precisó la médico general del primer centro asistencial del estado Táchira que en área COVID-19 están laborando 10 enfermeras, 32 médicos residentes y 16 médicos de medicina interna.
“Al hospital a llegado ayuda de Unicef, Acnur y la Cruz Roja pero no es suficiente. El llamado a la Defensoría del Pueblo y al Estado que garantice las condiciones mínimas para que podamos laborar, dijo, al manifestar que hay un trabajador de la salud asilado esperando resultados de la prueba PCR.
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