Hasta el pasado 7 de marzo la Corte Penal Internacional (CPI) a través de la sección de participación y reparación de las víctimas de la Secretaría “VPRS” recibió más de 2000 formularios o reportes de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de los cuales la Fundación El Amparo junto con organizaciones filiales en Cúcuta, el Comité Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) y VenAmerica lograron documentar 919 víctimas en 206 formularios.
El presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, precisó que, a partir del 5 de diciembre de 2022, con base a su memoria histórica y jurídica, se dedicó a recopilar y sistematizar casos de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de los cuales algunos forman parte de las denuncias de la investigación conocida como “Venezuela I”.
“Trabajamos con la Fundación Deredez, la Asociación Civil Unidos Por un Mismo Fin y la Red Humanista en Cúcuta, y conjuntamente se recopiló información de más de 236 víctimas de deportaciones forzosas del barrio “La Invasión” en San Antonio del Táchira en agosto del 2015, y otras 87 víctimas del crimen de deportación en el resto del país, que suman la cantidad de 323 víctimas de un total de 24.500 deportados, según el Registro Único de Damnificados (RUD) del gobierno de Colombia”, explicó.
Precisó Márquez que los formularios incliyen los asesinatos ocurridos durante las protestas populares en el Táchira de los años 2014 y 2017, la masacre de La Fría en el 2014, la masacre de El Ripial en el 2021 y el asesinato en las cercanías de la ciudad de Rubio, de Carlos Manuel Tarazona, conocido popularmente como “Cocha”, delito establecido en el artículo 7.1.a del Estatuto de Roma.
También se documentó el crimen de exterminio, por la privación de alimentos y medicinas en Venezuela, de lo que se remitieron 146 casos de diputados jubilados y pensionados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Se registró el crimen de encarcelación durante las protestas populares en el Táchira en el año 2014; los colombianos acusados de paramilitares por Nicolás Maduro en el año 2016; los encarcelados en la población de La Victoria en Apure a partir del 21 de marzo del 2021 y también los detenidos en Elorza en el Alto Apure en el 2021. Referente al crimen de tortura se remitieron 31 casos a la “VPRS” para su análisis.
“Respecto a la persecución de grupos o colectividad, apoyamos a varios gobernadores en documentar y remitir sus casos, quienes al ejercer el cargo fueron perseguidos e inhabilitados ilegalmente por la Contraloría General de la República. De la misma forma, documentamos la persecución contra varios periodistas en las protestas populares de los años 2014, 2017 y 2019 (Artículo 7.1.E del Estatuto de Roma). Respecto al crimen de Apartheid se documentó el trato discriminatorio, étnico y racial contra los tres (3) diputados electos de Amazonas y Apure en diciembre del 2015 y el trato discriminatorio étnico al cercenarles los derechos electorales a los pueblos indígenas de Venezuela, por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 05 de junio del año 2020, cuyos casos igualmente fueron remitidos a la CPI”.
Walter Márquez indicó que en Venezuela fue bloqueado el acceso a la página oficial de la Corte Penal Internacional, pero a pesar de esta limitación desde La Fundación El Amparo se realizó un amplio trabajo de recopilación, sistematización, documentación y remisión a la VPRS de la Corte Penal Internacional, para que sea evaluada por esta instancia, en la solicitud del Fiscal Karim Khan de continuar la investigación del caso Venezuela I.
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