Rafael Palacios
Cuando uno revisa y analiza el nivel de desarrollo científico y tecnológico de los países, uno de los primeros patrones que describe tal desarrollo es la inversión del PIB en ciencia y tecnología. Si tal patrón es alto o bajo, uno infiere que eso es lo que determina el nivel de esfuerzo que el Estado realiza para apoyar la ciencia, la investigación y la innovación. Ahora bien, esto no parece ser tan cierto, cuando se observa el nivel y el tipo de esfuerzo que ejercen cada uno de los actores que además del Estado integran el Sistema Nacional de Innovación (SNI).
Las características que ha venido tomando la economía junto con el conjunto de crisis económicas que se han generado a lo largo del tiempo, cada vez más, otorgan un peso mayor al valor de la ciencia, como parte de los imperativos de la política de Estado para poder enfrentar la dinámica de la economía mundial. Pero, también, para poder contrarrestar los efectos del cambio tecnológico en las economías dependientes de la producción de materia prima.
Una de las características de las economías fuertes es que poseen una capacidad científica y tecnológica fuerte. Estos países poseen una ciencia consolidada y una alta capacidad de investigación conectada con el cambio tecnológico. Son países con universidades, empresas y un sistema de financiamiento público y privado altamente flexible; capaz de relacionarse entre sí y de reaccionar ante la dinámica de la globalización y la dinámica del mercado.
Aunque el relacionamiento entre estos actores del SNI no siempre resulta ser efectivo, lo que sí parece a todas luces positivo es la facultad y la habilidad de cada actor del sistema de responder ante la dinámica económica a través del uso del conocimiento. Ello, sin que siempre sea el Estado el que dirija las formas de respuestas.
Quiere decir esto que las universidades han logrado construir una estructura organizativa tal para la formación, la investigación y la innovación que les permite implementar formas flexibles de interacción fundamentalmente con las empresas y con los actores del sistema de financiamiento. Lo mismo ocurre en el caso de las empresas que son afectadas negativamente o que identifican ventanas de oportunidades promovidas por la dinámica del mercado. Las empresas poseen puentes efectivos de conexión con universidades, centros de investigación y, naturalmente, también con actores del sector financiero nacional.
Este es justamente uno de los desafíos que presentan los países emergentes y en vías de desarrollo: cómo poder formar instituciones dentro del SNI que sean menos dependientes del Estado y que al mismo tiempo actúen en el marco del funcionamiento sistémico de la producción y utilización del conocimiento.
Por ejemplo, en América Latina, hasta ahora, ha sido el Estado el que formula, desarrolla, regula, controla, evalúa y redirecciona la política científica y de innovación. Pero, además, el Estado ha sido actor que en el campo de la economía determina y controla absolutamente la relación, la función y la forma de actuación de las universidades con la empresa y viceversa. El Estado en los países de la región ha logrado establecerse como el actor esencial de la política científica, tecnológica y de innovación; más por su fuerza como actor para la inversión que por su fuerza por facilitar y fortalecer la capacidad organizativa y operativa propia de cada uno de los actores que interactúan entre la demanda y la oferta de conocimiento.
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En América Latina, sin el Estado, no hay ciencia, no hay investigación y no habrá innovación.
No precisamente transitamos en una época en la cual el papel del Estado frente a la ciencia, la tecnología y la innovación está en cuestionamiento. Contrariamente, en muchos países, el papel del Estado tiende a radicalizarse. La política de innovación es un claro ejemplo. El Estado viene ejerciendo una mayor fuerza como actor primordial del proceso de transferencia de tecnología y también de la planificación política, estratégica y organizativa de la interacción de los actores que intervienen en la innovación. Las universidades, por ejemplo, tienen limitada facultad de decisión y organización de la innovación y de su relacionamiento con los actores económicos.
La diferencia entre lograr convertir primero un país con alta capacidad científica y luego convertir un país con capacidad innovadora está fundamentalmente en la organización y las fuerzas de interacción que solo son capaces de generar los propios actores del SNI, fundamentalmente las universidades, las empresas y los otros actores que activan el financiamiento productivo.
La innovación a través de la ciencia no es bidireccional, es multidireccional. Y si algún actor se convierte en una amenaza para obstruir tal interacción, es precisamente el Estado.
La pregunta que resulta de esta anomalía de nuevo tiempo sobre la forma de actuación del Estado en la ciencia, la investigación y la innovación es justamente saber cuáles son los límites de su papel y cuáles son ahora los nuevos patrones de su participación en la nueva economía.
