Mariana Duque /DLA.- El diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, se pronunció este miércoles 4 de enero sobre la apertura vehicular de frontera entre Venezuela y Colombia, manifestando que se trata de un proceso parcial que sigue siendo violatorio del derecho al libre tránsito y de tratados internacionales, pues no es por todos los puentes internacionales, ni las 24 horas del día.
“Se están violando los derechos constitucionales, lo que en este caso se convierte en un crimen de lesa humanidad. Por eso exigimos una apertura total de los cuatro puentes por Táchira, del Simón Bolívar, del Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y Unión, las 24 horas del día, de todo el año, porque no hay argumentos de seguridad y defensa, ni Estado de Excepción en ninguno de los dos países para que se limite el transito de vehículos, transporte de carga y de pasajeros”, expresó.
Indicó que el derecho al libre tránsito está garantizado en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, además del Tratado de Tonchalá y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Márquez precisó que desde que el presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a su cargo ha anunciado reiteradamente la apertura total de frontera, por lo que considera inadmisible que a partir del 1ero de enero se den sólo seis días para que los ciudadanos de ambas naciones tramiten los permisos de circulación correspondientes.
“A partir de este sábado se vuelve a limitar el paso de vehículos venezolanos y colombianos. Es insólito, que después de siete años, con una gravísima improvisación quieran limitar esos derechos, tiene que haber una etapa de actualización y de ajuste”, dijo.
Walter Márquez está claro que se deben cumplir las normativas de los dos países, pero con medidas que favorezcan a la población binacional.
Destacó que de continuar la frontera abierta de manera parcial tanto Gustavo Petro, como Nicolás Maduro, seguirán cometiendo crímenes de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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