A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro sigue asegurando que en Venezuela existe el mejor sistema electoral del mundo, democracia y plenas libertades, cada vez son más los voceros internacionales los que afirman que en el país en realidad impera una dictadura. Y más luego de los cuestionados comicios regionales llevados a cabo el domingo, en los que según el CNE el chavismo ganó 18 gobernaciones frente a cinco de la oposición.
Uno de esos portavoces es Mario Díaz–Balart, congresista federal republicano por el Distrito 25 del estado de Florida, quien considera que cualquier votación bajo el gobierno de Maduro no será ni transparente ni genuina, así que estima que es necesario seguir presionando al chavismo a través de sanciones. El político de origen cubano dijo que hay que buscar métodos para ayudar a la oposición venezolana, víctima de persecuciones y amedrentamientos.
“Eso es básicamente la política que autorizó el presidente (Ronald) Reagan para destruir a la Unión Soviética. Funciona, económicamente y diplomáticamente, presionar al régimen, y al mismo tiempo ayudar a la sociedad civil, a la oposición interna”, explicó el congresista, que no escatima en calificar al gobierno venezolano de “régimen narcoterrorista y dictatorial”.
Algunos analistas han señalado que las sanciones no harán daño al régimen en Venezuela: ejemplifican con países como Cuba o Corea del Norte, que con varias medidas de presión siguen bajo gobiernos dictatoriales. Sin embargo, Díaz–Balart indicó que las decisiones sí están afectando al gobierno, pues han influido en que otros países consideren aplicar penas similares. Tal es el caso de Canadá, que sancionó a Nicolás Maduro y a 39 altos cargos por fracturar el orden constitucional. Por su parte, la Unión Europea acordó por unanimidad preparar sanciones por la represión en Venezuela.
Entre las medidas de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro están la prohibición de ejecutar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidas por el gobierno venezolano y Pdvsa, así como la restricción de intercambios con ciertos bonos que pertenecen al sector público venezolano y los pagos de dividendos al régimen. A juicio del representante de Florida, el próximo paso debe estar relacionado con el petróleo: “Yo apoyo y creo que la decisión de la administración de Trump es seguir paso a paso incrementando la presión, incluyendo por ejemplo que no puedan ir ya a los fondos internacionales para buscar créditos. Creo que la próxima sanción grande tiene y debe ser la cuestión del petróleo. Esos fondos del crudo no llegan al pueblo venezolano. El régimen los utiliza para enriquecerse y también para reprimir al pueblo venezolano”.
Aunque aplaude que la administración de Donald Trump evalúe todas las alternativas para recuperar la democracia en Venezuela, indicó que “obviamente la opción militar no es viable”: en agosto generó preocupación en la comunidad internacional que el presidente de Estados Unidos dijera que no descartaba una intervención. Insistió en que el mejor camino es el diplomático. “Agradezco a la administración de Trump por no haber descartado ninguna opción, porque estamos hablando de una narcodictadura que trafica drogas, que asesina a su pueblo, que tiene pactos y relaciones muy estrechas con grupos y países terroristas. La pregunta es cuál es la opción que se debe utilizar y en qué momento. Creo que la administración lo está haciendo de forma muy responsable”.
A finales de septiembre, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó una resolución de “Asistencia humanitaria y defensa de la gobernanza democrática en Venezuela”, destinada a atender la crisis del país. Entre los que presentaron esta propuesta estuvo Mario Díaz–Balart, quien advierte que hay que ayudar a los ciudadanos pero sin “fortalecer o enriquecer” al gobierno chavista. Su preocupación se debe a que el oficialismo podría robarse los recursos que se envíen como apoyo desde su país.
“Lo peligroso es que estamos hablando de un régimen que se ha robado todos los patrimonios del pueblo venezolano, y está dispuesto a robar cualquier tipo de ayuda humanitaria. Sí hay formas de ayudar al pueblo directamente, que son cosas que el pueblo americano siempre quiere hacer, pero hay que hacerlo sin que esta ayuda la pueda utilizar ese régimen para tratar de consolidarse o fortalecerse”, dijo.
Países de la Unión Europea y América Latina han insistido en que la solución para la crisis política de Venezuela es una mesa de diálogo, que suele tener críticos como Luis Almagro, secretario general de la OEA, por los incumplimientos del gobierno de Maduro. La misma oposición ha dicho que no existen condiciones para negociar, a pesar de que miembros del chavismo dijeron en septiembre que ha habido encuentros. El congresista Díaz–Balart considera que el planteamiento del diálogo solo debe ser “cómo se va del poder esa dictadura”, pues teme que el régimen utilice esta propuesta para ganar más tiempo y recursos.
“El diálogo solo puede funcionar cuando hay una meta, y la meta tiene que ser que vuelva la democracia y la libertad para el pueblo venezolano. Eso es lo único que se puede negociar. Obviamente el régimen de Maduro no está dispuesto a negociar, así que, por lo tanto, no hay necesidad de diálogo”, aseveró.
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Aunque está de acuerdo con que los venezolanos que huyen de la crisis reciban beneficios en Estados Unidos, como el estatus de protección temporal (TPS), Mario Díaz–Balart explicó que este tipo de ayuda es díficil de obtener, porque solo se otorga en circunstancias “muy específicas”.
Por lo tanto, insistió en que la mejor vía es hacer lo posible por que Venezuela recupere la democracia. “La solución es cambiar al régimen, que regrese la democracia, la dignidad, que el pueblo pueda elegir a sus funcionarios, que pueda determinar su futuro. Esa es la solución real y permanente para Venezuela”.
