Caracas, 27 ago (EFE).- El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, exigió este martes la liberación «inmediata» del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico del mayor bloque antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
A través de la red social X, el funcionario rechazó la detención de quien también fue uno de los testigos de la coalición opositora ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las presidenciales del 28 de julio.
Asimismo, Rosales exigió el cese de «la persecución» y el respeto a los derechos humanos del jurista, también uno de los principales colaboradores de la líder antichavista María Corina Machado.
La PUD, que calificó el hecho como un «secuestro», solicitó, a través de un mensaje en X, información sobre el paradero de Rocha, así como su libertad, tras ser detenido por «personas no identificadas», según la coalición.
El bloque hizo un llamado al respeto de los DD.HH. de Rocha y de «todos los detenidos de forma arbitraria», y exigió el cese de «la persecución» que -aseguró- se ha «agudizado» tras los comicios, por «defender el cambio que se eligió masivamente con el voto», en referencia a la «victoria» que -insiste- obtuvo su abanderado, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales, pese a que el CNE proclamó ganador al mandatario Nicolás Maduro.
Por su parte, Machado denunció que ha sido «secuestrado» su «amigo y compañero de causa», en referencia al jurista, a quien describió como «un hombre justo, valiente, inteligente y generoso».
«Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por Venezuela entera. Seremos libres», expresó la exdiputada, quien el sábado llamó a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro y a su «régimen criminal» de «la represión desatada» en el país.
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Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales- y 25 personas fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.
