Miami, 24 mar (EFE).- La familia del fallecido concejal opositor venezolano Fernando Albán, que murió el 8 de octubre de 2018 estando preso en Caracas (Venezuela), demandó en Miami (EEUU) al presidente venezolano, Nicolás Maduro, otras autoridades de Venezuela y a la guerrilla colombiana FARC por «daños y perjuicios», según documentos judiciales.
Entre los demandados por Meudy Albán Osio, la viuda del concejal de Primero Justicia, y sus hijos María Fernanda y Fernando Albán Osio, están el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el fiscal General, Tarek Saab, y el ministro de Electricidad y antiguo ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol.
Los demandantes acusan a todos ellos de «encabezar una organización criminal que tortura y asesina a sus enemigos».
Otros demandados son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Cartel de los Soles, una organización supuestamente formada por generales venezolanos y dedicada al narcotráfico.
El caso fue asignado al juez Darrin P. Gayles, de los tribunales del Distrito Sur de Florida.
El diario El Nuevo Herald, el primero en informar de esta demanda presentada a comienzos de marzo, habló con el abogado de la familia Albán, Jaime Guttman, quien señaló que los documentos de la corte hablan por sí mismo y los demandantes «no tienen planes de hablar con periodistas en este momento».
La demanda civil se ampara en la ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO, por sus siglas en inglés), usada con éxito para enjuiciar a grandes figuras del crimen organizado.
Fernando Albán fue detenido como presunto implicado en el atentado con drones durante un desfile militar en el que participaba Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.
El gobierno asegura que Albán se suicidó mientras permanecía bajo custodia en dependencias policiales, pero la familia y la oposición venezolana aseguraron que fue asesinado.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, Albán murió tras saltar desde la ventana de un décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
De acuerdo con la versión de Saab, Albán pidió permiso para ir al baño y desde allí se arrojó al vacío y murió.
El entonces ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, también abonó la versión del «suicidio».
Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia, acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de ser responsable de un «vil asesinato» y lo mismo hicieron otros líderes opositores.
Incluso la archidiócesis de Caracas, a la que Albán estaba muy vinculado, dijo que la versión oficial los había dejado «perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio, no corroborado por una investigación profunda y objetiva».
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Luisa Ortega Díaz, quien fuera fiscal general de Venezuela y esta exiliada en Colombia, aseguró que Albán murió ahogado mientras lo interrogaban «porque lo estaban torturando con una bolsa».
En 2018 Albán participó en una sesión de Naciones Unidas en Nueva York en la que denunció las que la oposición considera graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Su partido sostuvo que esa fue la verdadera razón de su detención y negó que fuera parte de ningún intento homicida contra Maduro.
