Caracas, 25 nov (EFE).- Nicolás Maduro, consideró este lunes «ineludible» que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo- apruebe una ley, que se encuentra en proyecto, para enjuiciar a venezolanos que aprueben o apoyen «llamados a sanciones criminales, bloqueo, invasiones militares o cualquier daño extranjero» contra el país caribeño.
En su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal VTV, indicó que la ley, aprobada en primera discusión el pasado jueves, establece -dijo el mandatario- «penas gruesas» y va a dotar las instituciones de «un arma jurídico-constitucional para defender el derecho a la paz, a la tranquilidad de Venezuela».
La AN adelantó que el proyecto, oficialmente ‘Ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, contempla inhabilitar políticamente a quienes soliciten a otros países, «grupos o asociaciones terroristas», que impongan sanciones económicas contra la nación caribeña.
El jefe de Estado dijo que esta propuesta servirá para «contrarrestar» y «derrotar» en todos sus aspectos al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes estadounidense que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del Gobierno norteamericano contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Ejecutivo chavista.
El proyecto estadounidense fue presentado por los representantes de Florida Mike Waltz, republicano, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata, quienes consideran, en palabras del primero, que Estados Unidos debe «mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano».
El viernes, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por -aseguró- apoyar el proyecto de ley estadounidense, lo que la exdiputada consideró una muestra «debilidad» del Gobierno de Maduro, a la vez que acusó al fiscal general, Tarek William Saab, como «principal represor del régimen».
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